Un gobierno nacional, popular y feminista para una vida sin violencia de género
Los femicidios en nuestro país aumentaron en forma directamente proporcional a la desinversión por parte del gobierno nacional en las políticas públicas destinadas a su erradicación. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, exigimos que no sigan recortando en nuestro derecho a una vida sin violencias.
por
La Cámpora
25 nov 2018
Desde que asumió Mauricio Macri, los femicidios aumentaron sistemáticamente. El Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación, revela que en el 2017 el número de femicidios, llegó a 292. El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, indica que las muertes en 2016 fueron 254 y en el año 2015 fueron 235.
Del mismo modo, ante la necesidad de hacerle frente a la crisis socioeconómica, las mujeres quedan más expuestas a la violencia machista dado que en busca de un ingreso que les permita parar la olla, arriesgan su salud integral exponiéndose a situaciones violentas. A su vez, sostienen vínculos convivenciales violentos dada la imposibilidad de lograr un haber que les permita la independencia económica. La falta de lugar en refugios para las mujeres víctimas de violencia, el aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres, y la pérdida absoluta del poder adquisitivo de las titulares de programas sociales destinados a disminuir las inequidades, entre otras cosas, solo aumentan la vulneración de derechos a este colectivo. Cabe recordar que la reforma previsional disminuyó los ingresos y el fin de la moratoria como política inclusiva para quienes no hubieran completado los aportes en tiempo y forma las perjudica particularmente, dado que el 86% de esas nuevas jubilaciones, fueron mujeres.
A partir de las exigencias del Fondo Monetario Internacional de lograr déficit cero y de la definición del gobierno nacional de recortar en las políticas públicas destinadas a lograr una sociedad más justa y equitativa, el 2019 encontrará los derechos de las mujeres aún más cercenados. El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género comparó los presupuestos 2018 y 2019, y evidenció que el Instituto Nacional de las Mujeres, rector de las políticas públicas en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, sufrirá un recorte del 18% en términos reales, representado sólo un 0,00005% del presupuesto nacional total. Esto equivale a $11,36 por mujer. Dos aceitunas. No alcanza ni siquiera para ironizar con las tres empanadas.
Asimismo, las líneas telefónicas de atención a víctimas, dependientes del Ministerio de Justicia de la Nación, pierden un 25%; el Programa “Hacemos Futuro Juntasˮ (ex Ellas Hacen), impulsado en el año 2013 para generar oportunidades laborales y de formación para mujeres víctimas de violencias, sufrirá un recorte que asciende al 44%; y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres (PNA), registrará una pérdida del 55%.
A estos recortes, se suma que desde que asumió Mauricio Macri, todas estas áreas vienen siendo vaciadas y sus presupuestos subejecutados.
En las antípodas se encontraban los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que desarrollaron políticas públicas integrales a través de un Estado presente desde el 2003 con el objetivo de erradicar la violencia de género. Una de las más importantes fue la Ley N ° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, sancionada el 11 de marzo de 2009. Una ley de avanzada internacional.
Una vida sin violencias sólo será posible con un gobierno nacional, popular, democrático y feminista que invierta de lleno en la erradicación de la violencia de género y en la búsqueda de equidad y justicia social. Con el Estado en manos del “feminista menos pensadoˮ esto es imposible.
