El juez federal Leandro Ríos investiga la vinculación entre funcionarios del municipio con una organización delictiva encabezada por Daniel "Tavi" Celis y su hermano Miguel "Cholo" Celis. Los mismos se encuentran detenidos desde el año pasado junto con otras 19 personas, entre los que se destacan empleados municipales, todos ellos designados a partir de la asunción de Varisco a la intendencia.
La semana pasada se allanó el domicilio y el despacho del intendente, y el jueves último se lo imputó formalmente por actividades vinculadas al narcotráfico, situación poco conocida producto del cerco mediático que protege a todo el oficialismo. Conjuntamente, el juez citó a indagatoria al concejal Pablo Hernández (UCR) y a la subsecretaria de seguridad del municipio, Griselda Bordeira. El magistrado sospecha que Luciana Lemos, pareja de Daniel "Tavi" Celis, encabeza una organización dedicada a la venta de cocaína en la ciudad.
Ante esta situación de extrema gravedad institucional que vincula el financiamiento de Cambiemos con el negocio del narcotráfico en la ciudad, desde nuestra organización tenemos la obligación de llevar a las y los paranaenses algunas consideraciones.
La alianza del frente político a cargo del gobierno municipal con quienes son responsables de la venta ilegal de estupefacientes, causando dolor y muerte a muchos compatriotas, sobre todo de los sectores más humildes; nos genera una gran preocupación a todas y todos quienes confiamos en la democracia y esperamos por parte del Estado protección y cuidado. Reclamamos un Estado que entienda al consumo problemático de sustancias como un tema de salud pública y persiga al narcotráfico, concibiéndolo como uno de los mayores negocios a nivel internacional.
En paralelo, los ciudadanos y ciudadanas viven a diario el déficit del gobierno municipal ante sus demandas cotidianas: insuficiente recolección de residuos, cuidado del espacio público inexistente, mínima infraestructura para garantizar una vida digna en los barrios, provisión de agua inconstante, servicio de transporte urbano caro e ineficiente, red vial arruinada. En síntesis, Paraná aparece como una ciudad abandonada por el Estado, donde el gobierno municipal demuestra tener prioridades muy lejanas a la justicia social que perseguimos.
Desde la concejalía donde representamos a los vecinos de Paraná, venimos denunciado desde que asumimos el abandono sistemático por parte del gobierno municipal de Cambiemos de las políticas de protección a los derechos humanos y de la prevención de los consumos problemáticos. Esto se visibiliza, por ejemplo, en el desfinanciamiento y desmantelamiento del Cepla (Centro Preventivo Local de Adicciones), un ámbito donde las organizaciones sociales, comunitarias, de derechos humanos, de salud y vecinalistas confluían en pos de desarrollar políticas públicas que tendieran a la contención, recreación, formación y capacitación para los y las jóvenes. El Cepla, como herramienta comunitaria que promovía el fortalecimiento de los lazos sociales, atentaba contra los intereses de quienes lucran con los consumos problemáticos y con la marginalidad.
Por todo esto, exigimos al intendente Sergio Varisco que acepte el pedido de interpelación del Frente Para la Victoria en el Concejo Deliberante y que tome licencia en su cargo hasta que la justicia aclare su situación.
