La represión salarial, el ajuste fiscal y el sobreendeudamiento fueron los pilares que llevaron a la Argentina a su peor crisis económica y que se reeditan en el presupuesto 2017.
En primer lugar, corresponde señalar que las estimaciones macroeconómicas contenidas en la norma, que empujan los salarios a la baja, son harto discutibles teniendo presente que el actual Gobierno erró todos los pronósticos. Decían que el 2016 iba a cerrar con un crecimiento del 1%, una inflación del 20% y un déficit fiscal menor al de 2015.
Todas las proyecciones estiman que el PBI retrocederá alrededor del 1,8%, la inflación cerrará en un 40%, y el déficit fiscal quedará en 4,8%, habiendo sido del 4,3% en 2015 según el INDEC Todesca que no pondera los aportes del Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para exagerar la cifra del ejercicio anterior.
En ese sentido, plantean una inflación del 17% para el año próximo, forzando un techo a las paritarias donde no se supere ese porcentaje. Resulta inverosímil creer que bajarán 23 puntos de inflación en un año. En consecuencia, lo que se observa es que se viene una nueva poda al salario real de los argentinos que este año ya sufrió una caída de aproximadamente 10 puntos. El menor poder de compra se ve en la recaudación que la AFIP informó en un 24%, muy por debajo de la suba de precios. Este presupuesto cristaliza y sincera la caída del salario real que algunos lo llaman competitividad.
Con menos salario va a haber menor recaudación en un proceso de destrucción del mercado interno. En este marco, la forma de bajar el déficit fiscal es con endeudamiento. Mauricio Macri asumió un país cuya deuda externa en dólares con privados era de U$s43.000 millones. En estos meses la aumentó en un 90%, en el proceso de mayor endeudamiento de la historia en tan poco tiempo. El presupuesto votado ayer en la Cámara Baja lo autoriza a tomar U$S44.000 millones en concepto de deuda. Se plantea triplicar la deuda externa argentina que no está orientada a obras de infraestructura, sino a financiar la fuga de capitales y el giro de utilidades, y a cubrir el rojo fiscal consecuencia de la recesión implementada.
Por otro lado, el ajuste que propone el macrismo tiene su correlato en áreas específicas. A modo de ejemplo, se puede mencionar que en Ciencia y Tecnología habrá un 10% menos en términos nominales que el año anterior, y en Derechos Humanos un 15% menos. En ambos casos sin considerar la incidencia de la inflación, por lo que el recorte será aún mayor. En términos reales, la cultura sufrirá un ajuste del 12,6% y la salud un 12,2%.
Como dijo el economista Manuel Adorni, con este presupuesto Argentina va rumbo a estrellarse contra una pared. Cuando la reserva federal de Estados Unidos aumente la tasa de interés, algo que se supone pasará en el corto plazo, no habrá dólares que ingresen al país ni forma de pagar los vencimientos de deuda. Esto en un contexto donde habrá aumentado el desempleo, la pobreza, y el mercado interno estará reducido a una mínima expresión. La respuesta será seguir ajustando lo que ya no quede por exprimir para intentar cubrir un déficit fiscal al cual no se le podrá hacer frente.
Argentina ya transitó este camino y el resultado fue calamitoso. Lamentablemente, sectores de la oposición sólo introdujeron cambios que no modifican los aspectos medulares de esta norma recesiva en vez de contribuir a frenar el ajuste. El país necesita que los números cierren con los argentinos adentro. Este gobierno y este presupuesto están dejando afuera del sistema a miles de ciudadanos y encima tampoco están cerrando los números porque cae el PBI, sube la inflación, el endeudamiento y el déficit fiscal. La recesión disimulada con sobreendeudamiento nunca trajo prosperidad.