Hasta la presidencia de Néstor Kirchner, las pensiones por discapacidad se otorgaban mediante un mecanismo cruel: se aprobaba un alta solo cuando se producía una baja por el fallecimiento de otro beneficiario. Fue recién con Néstor que el Estado modificó esa dinámica injusta y deshumanizante, comprendiendo que el acceso a la atención médica, los medicamentos, la rehabilitación, las sillas de ruedas y la alimentación no pueden depender del azar ni de la muerte de otra persona.
Si de ampliación de derechos hablamos, es imposible no mencionar la decisión política de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner de incorporar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —aprobada en 2008 y con rango constitucional—. Gracias a ello, ningún gobierno puede desentenderse de su cumplimiento, y cada ciudadano con discapacidad debe saber que tiene derecho a exigir lo que allí se consagra.
En esa línea, el gobierno de Cristina profundizó la ampliación de derechos, tomando una decisión coherente y transformadora: transversalizar la política pública en materia de discapacidad. Es decir, que dejara de ser un tema sectorial para convertirse en un eje presente en todas las áreas del Estado.
Con el cambio de gobierno y el inicio de la gestión macrista, las personas con discapacidad fueron uno de los sectores más golpeados. La quita de pensiones, el vaciamiento de Incluir Salud y el desprecio hacia las políticas de inclusión no fueron errores: fueron decisiones deliberadas para desconocer derechos y causar daño.
Hoy el panorama es preocupante: prestaciones congeladas, trabajadores precarizados, familias que reciben ayuda estatal insuficiente, multiempleo y jornadas laborales que hacen imposible acompañar a un familiar con discapacidad. Partiendo de un piso de derechos que no se puede vulnerar, el gobierno de Javier Milei echa todo por la borda, poniendo a las personas con discapacidad y a sus familias en un estado de urgencia y extrema necesidad.
Frente a esto, surge otra pregunta inevitable: si no es el Estado ¿Quién va a garantizar derechos? ¿el mercado? La situación actual es de una clara violación a los Derechos Humanos. Desde el argumento de la falta de recursos se ejecuta una política absolutamente arbitraria y que discrimina. El Estado tiene la obligación de adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que hacen a la calidad de vida.
En Argentina hay alrededor de 1.500.000 personas con discapacidad que viven en la pobreza. Y no es la discapacidad la que impide desarrollar una vida plena, sino la falta de apoyos. La pobreza agrava todo: genera más enfermedad, más accidentes, menos rehabilitación, mala alimentación, y niños sin desarrollo adecuado.
Cuando empezamos a abordar la temática de discapacidad, deporte y consumos culturales, comprendimos que el problema también está en la raíz misma de nuestra comunidad. Al charlar con pibes y pibas que practican deporte adaptado de manera profesional, nos contaron lo difícil que resulta encontrar un lugar donde entrenar. Somos un pueblo que, gracias al peronismo, se organizó en clubes, sociedades de fomento y espacios comunitarios que marcaron nuestra historia y formaron generaciones enteras. Sin embargo, en la mayoría de esas instituciones no existe oferta de deporte adaptado ni infraestructura accesible para las personas con discapacidad. Aun habiendo construido, como movimiento político, los espacios donde se formó la vida social del pueblo, seguimos teniendo la deuda de que esos lugares sean verdaderamente inclusivos.
¿Pensamos alguna vez en qué espacios transcurren las vidas de las personas con discapacidad? ¿En qué clubes, ámbitos culturales, trabajos o lugares de la comunidad participan?
La discapacidad está determinada por las condiciones sociales en que vivimos, por las decisiones colectivas, las actitudes que asumimos y la forma en que organizamos nuestro entorno físico, cultural e ideológico.
Frente a ese conjunto de problemáticas y demandas mencionadas, en Ituzaingó llevamos adelante la experiencia de Casa TEA, con el objetivo de trabajar por la inclusión, la promoción de los derechos de los adolescentes y jóvenes con discapacidad, y apostando a la construcción de la comunidad organizada.
Entre otras iniciativas, desarrollamos un estudio territorial, casa por casa, para relevar cómo viven las personas con discapacidad en nuestro distrito. Casi el total de las personas que respondieron viven en hogares donde el principal sostén económico del hogar tiene uno o más trabajos precarizados, hecho que conlleva contextos familiares inestables en una coyuntura nacional de profunda crisis política, económica y social. Cuando preguntamos por las principales dificultades que atraviesan las personas con discapacidad, el 40% expresó que existen problemas vinculados a la infraestructura, desde la falta de rampas o planificación accesible hasta falta de lugares para prestaciones de salud gratuitos.
Otro 45% declaró que existen problemáticas vinculadas a la discrimnación social de las personas, la falta de empatía y la falta de espacios de la comunidad para participar y realizar actividades culturales, formativas, recreativas o deportivas. Esto es principalmente preocupante entre los jóvenes y adultos debido a que otros estudios recientes demuestran que la población autista tiene un riesgo de ideación suicida 28 veces mayor que la población no autista. La falta de apoyos, la invalidación constante y la soledad son algunos de los factores de riesgos vinculados a esta grave situación. Tenemos que entender que los riesgos no están en las propias discapacidades, sino en los entornos que construimos entre todos.
Abordar la discapacidad no es tan difícil si se asume con responsabilidad y compromiso. Hay temas centrales como la accesibilidad, el derecho al diagnóstico y, en caso de ser necesario, el tratamiento y rehabilitación. La diferencia entre que un pibe tenga atención temprana o no es determinante para su calidad de vida. Aunque se avanzó, todavía no tomamos en serio el hecho de que todos los espacios deben ser accesibles. La gente tiene derecho a trasladarse, educarse y comunicarse de acuerdo a sus posibilidades. No podemos seguir creando barreras. No todas las políticas dependen del Estado nacional. Gobernadores e intendentes también tienen responsabilidades concretas. Cada decisión local cuenta, desde la rampa de una esquina hasta el acceso a un empleo formal.
En ese sentido, desde la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires trabajamos proyectos como el que propone incorporar criterios de inclusión y perspectiva de derechos en las compras y contrataciones del Estado provincial. Estos son pasos fundamentales porque permiten que empresas, pymes, cooperativas, talleres o personas con discapacidad puedan participar plenamente de los procesos de compra pública. No es solo una política inclusiva, es una política justa.
Los derechos sociales son Derechos Humanos. Negarlos o debilitarlos es, sencillamente, suprimir humanidad.
* Diputada provincial de la Provincia de Buenos Aires y militante de La Cámpora.
