A cinco años de la sanción de la Ley de Asociaciones Civiles (Ley 15.192) en la Legislatura bonaerense, hoy son muchas las instituciones que lograron poner sus papeles en orden y acceder a derechos que antes les eran negados. La iniciativa fue impulsada por nuestro compañero Facundo Tignanelli en el 2020 y sancionada ese mismo año.
Se trata de una ley modelo con un propósito claro: rescatar a nuestras asociaciones y organizaciones intermedias, que durante años habían perdido capacidad operativa por deudas y trámites difíciles de resolver. La ley beneficia a esas instituciones que cumplen un rol social fundamental y son garantes de derechos para nuestra comunidad; como clubes de barrio, centros de jubilados, mutuales, centros culturales, sociedades de fomento o jardines comunitarios; mediante beneficios fiscales y administrativos.
Esta ley representó un gesto de reparación histórica que validó la importancia de las organizaciones para la salud y el cuidado comunitario: el club como segunda casa, el centro cultural como punto de encuentro, la sociedad de fomento como motor barrial y la asociación como espacio de solidaridad. Fue, en definitiva, un acto de cuidado colectivo.
Por eso, debemos usar los lugares de representación para fomentar y cuidar esos espacios de vecinos y vecinas que se organizan en función del bien común.
El compañero Facundo Tgnanelli, autor de la normativa, planteó: “Estos lugares son fundamentales porque garantizan derechos donde el Estado muchas veces no llega”. En la misma línea, expresó que “quienes conocimos la vida dentro de cualquiera de estas instituciones, tenemos un profundo afecto, un profundo cariño, y sabemos las complejidades que acarrea.”
Ahí radica la importancia de defenderlas. En 2020, cuando la pandemia paralizaba al país, la Legislatura bonaerense eligió ponerse al frente. Hoy, frente a un nuevo escenario de inflación, ajuste y agendas de hambre impulsadas por el actual gobierno, la Ley 15.192 sigue siendo una herramienta esencial para que clubes de barrio, centros de jubilados, sociedades de fomento, jardines comunitarios y otras organizaciones comunitarias no queden al margen.
Sin embargo, muchas de ellas siguen en riesgo: sin personería jurídica no pueden acceder a subsidios, pedir exenciones ni formalizar convenios. Ahí es donde la condonación y normalización se vuelven mucho más que un trámite: son un sostén sobre el que se construye dignidad.
¿Qué garantiza hoy la ley, frente al ajuste de Milei?
- El perdón de las deudas de documentación anual acumuladas hasta el 31/12/2014.
- La normalización de la documentación jurídica, contable y de autoridades, para que las instituciones estén formalmente habilitadas.
- La simplificación de procedimientos: certificaciones gratuitas, trámites en delegaciones locales sin necesidad de viajar a La Plata y digitalización de libros sociales.
Tal como ocurrió en otros momentos críticos —como recuerda Máximo Kirchner al plantear que “hay construir desde abajo” y que “el acuerdo lo hace el pueblo”— esta ley se inscribe en una tradición de militancia que no baja los brazos: que no espera en silencio, sino que organiza, gestiona y cuida lo común.
Frente a un gobierno como el de Milei, que impulsa cambios rápidos, ideológicos y sin discusión pública o muchas veces desconectados de la realidad de los barrios, esta ley aparece como una decisión política contracorriente: no promete grandes discursos, sino apoyo concreto a la vida cotidiana.
Como militantes y vecinos de la Provincia, creemos que las instituciones populares son motor de identidad, contención y pertenencia. Y cuando se garantizan sus derechos básicos, no sólo se respalda a quienes las gestionan: también se protege el presente y el futuro de los que forman parte de esa comunidad.
