Política

Urtubey y Macri modifican la legislación para ir por más tierras

Pueblos Originarios y criollos son los más perjudicados con leyes y decretos que los mandatarios Macri y Urtubey dictan para su propio beneficio en la provincia de Salta.
por La Cámpora
8 feb 2017
Por La Cámpora Salta Desde hace un tiempo que el presidente Mauricio Macri y su familia extendieron sus propiedades a tierras salteñas con la finalidad de dedicarse a la explotación minera y ganadera. Sus socios, empresarios extranjeros y polí­ticos locales como el gobernador Juan Manuel Urtubey y su predecesor, Juan Carlo Romeo, cierran un cí­rculo de corrupción y grupos de auto ayuda: una suerte de simbiosis que generó cierta resistencia a los derechos constitucionales de las minorí­as, pequeños productores y comunidades originarias de la zona. A través del decreto el 1377/16, el gobernador salteño permitió aumentar las ventas de tierras en la provincia a extranjeros, llevando el lí­mite de compra de 11 mil a 35 mil hectáreas. Las adquisiciones de tierras por parte de capitales extranjeros son especialmente en los valles Calchaquí­es y el Departamento Rivadavia, lugares en los que existen sociedades mixtas entre empresas argentinas y extranjeras para explotación de recursos naturales (minerí­a). En el caso de Rivadavia, donde el presidente Macri adquirió 10.000 hectáreas, de las que tiene declaradas solo 373 como bienes patrimoniales, que son vecinas a las 20 mil que ya tiene su familia, en la finca El Yuto, por la que existen denuncia de criollos que aseguran haber sido amenazados para acepten abandonarlas bajo un acuerdo deshonesta y desigual para ellos. En la pintoresco comunidad de Rivadavia, el presidente tiene como vecinos a Nicolas Caputo, Pablo Clusellas, el jefe de gabinete Marcos Peña Braun, la empresa IRSA de Eduardo Elztain y el hermano del gobernador, Facundo Urtubey, quien todaví­a no aclaró como adquirió las tierras que ocupa, dado que pertenecen a una comunidad Wichi. Asimismo, las celebridades que viven allí­ obtienen permisos de desmontes que no respetan la nomenclatura establecida por la Ley de Bosques, decretos convenientes a los grupos empresarios para extranjerizar las tierras, todos con abultados saldos a favor de los grupos empresarios y de poder se dan de cara con la desnutrición, precariedad de la tierra, desalojos y violencia que viven a diario las familias que por elección o destino habitan desde tiempos inmemorables esas tierras.
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