Política

Ya no sos igual

Para investigar a las grandes organizaciones criminales se requieren de variadas y renovadas técnicas. Eso es indiscutible, como también lo es que el límite, que son las garantías constitucionales que tienen todos los seres humanos que habitan nuestro país.

por La Cámpora

2 jun 2016

Para investigar a las grandes organizaciones criminales se requieren de variadas y renovadas técnicas. Eso es indiscutible, como también lo es que el límite, nunca nos olvidemos, son las garantías constitucionales que tienen todos los seres humanos que habitan nuestro país. El proyecto que ayer obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados prevé nuevas técnicas de investigación y aparecen como novedades la figura del informante y del agente revelador. Además, regula con más amplitud figuras ya existentes en la actualidad para la investigación de algunos delitos: la entrega vigilada, la reserva de identidad, el agente encubierto y la prórroga de jurisdicción. Teniendo en cuenta que son medidas de carácter excepcional porque rozan la violación del debido proceso no resulta auspicioso para la democracia que unas técnicas que son reservadas para casos específicos y extremos se conviertan en regla. Son figuras que quedan lindas en las películas yanquis pero, por ejemplo, es casi nula la experiencia de policías en Argentina que hayan actuado alguna vez como agentes encubiertos (porque implica mucho riesgo y ningún premio). En lugar de analizar los motivos por los cuales casi nunca se usa la figura del agente encubierto, se decide extenderle su aplicación para otros delitos. Este gobierno que delega en las corporaciones mediáticas la comunicación, en los gerentes de empresas las decisiones económicas y en las Fuerzas Armadas las decisiones políticas y estratégicas del rumbo militar, también delega en las fuerzas de seguridad las decisiones sobre la investigación criminal. Estas técnicas son históricamente reclamadas por los sectores menos democráticos de las policías que argumentan tener las manos atadas, mientras en el mundo entero se encuentra en debate su real eficacia. Si bien las herramientas tradicionales de investigación se encuentran agotadas ante la magnitud de las organizaciones criminales, la flexibilización de las técnicas propuestas suelen ser un atajo para no cumplir determinadas normas procesales previstas para garantizar el derecho de defensa. Y son la puerta de entrada para abusos policiales. Además, en nuestro país el Congreso Nacional decidió el rumbo de la política criminal cuando votó en diciembre de 2014 la Ley 27063 que estableció un nuevo código procesal penal federal. Ese código no se implementó por decisión del actual presidente. Macri y sus socios deberían sincerarse con la sociedad admitiendo que no es de su interés salir del sistema inquisitivo que hoy rige, sino solamente meterle parches a sus profundas heridas. Eso significa, además, seguir siendo casi el único país de la región con este sistema de investigación de la inquisición donde los jueces federales investigan y a la vez deciden en procedimientos escritos y secretos. La postergación de la aplicación de la Ley 27063 implica seguir dotando de un verdadero poder de fuego a los jueces federales de todo el país que, si la ley de nuevas técnicas de investigación se aprobará, verían aún más engordado. La novedad más polémica es la figura del informante. Para el proyecto de ley que ya tiene media sanción el informante no es considerado ni agente del Estado ni testigo. Sin embargo se prevé que cobre una suma de dinero por su labor de “buchónˮ. El proyecto prevé la creación de un registro de informantes y delega su reglamentación en el Ministerio de Seguridad. Al no regular con mayor rigurosidad esta figura, si se aprobara esta norma por el Senado quedaría abierta la puerta para que cualquier persona obtenga dinero del Estado sin ningún control ni administrativo ni judicial. Queda delegado en las fuerzas de seguridad la elección de esa persona habilitando la discrecionalidad que en este caso se convierte en arbitrariedad. Cualquier policía podría pagarle a su mejor amigo una suma de dinero y convertirlo en informante sin ningún tipo de transparencia. Sabido es en nuestra historia que cuanto más se delegó en las fuerzas policiales las decisiones de política criminal mayor violencia se produjo de la mano de detenciones ilegales, causas armadas y direccionalidad persecutoria orientada en valores ideológicos o de clase y no orientados a desarmar a las organizaciones criminales. Pero sobre todo esa delegación resulto absolutamente ineficaz a la hora de resolver los delitos complejos. Delegar la persecución penal en informantes vacía de contenido el estado de derecho y en particular el derecho a la defensa. Figuras como la de la identidad reservada bien trabajada y respetada en los tribunales debería alcanzar para proteger a quien da información relevante en una causa judicial. Sería mejor para nuestro pueblo (más empobrecido y con menos derechos desde el 10 de diciembre) que el gobierno de la Alianza Cambiemos se ocupe seriamente de la seguridad ciudadana en lugar de distraer con proyectos de ley escritos desde el norte del continente. Hoy se están cometiendo numerosos secuestros extorsivos, producto de la ineficacia e improvisación en las medidas adoptadas en políticas de justicia y seguridad. A pesar de contar con el poder del gobierno nacional, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, no hay ninguna articulación sólida y lo que se vislumbra son solo internas policiales. Como ejemplo, el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, realizado abruptamente, sin consensos partidarios ni policiales, está generando desastres que ya no pueden ser tapados con slogans vacíos de contenido.

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