Aunque la relación de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional no comienza el 24 de marzo de 1976, la última dictadura cívico-militar tuvo fuertes vínculos con el organismo. Ni bien asumió, el gobierno de facto solicitó un préstamo, el octavo stand-by, con el objetivo de respaldar su programa de estabilización económica. Este programa consistía en liberar los precios y mantener congelados los salarios.
El monto, que alcanzó los USD 300 millones, representó el mayor préstamo otorgado hasta ese momento a un país de América Latina. El país recibió de manera casi inmediata USD 180 millones y, además, obtuvo la posibilidad de gestionar un crédito adicional con un consorcio de bancos de Estados Unidos, Europa y Japón por el que se recibieron USD 1.000 millones, lo que marcó el inicio del rápido crecimiento de la deuda externa pública.
En septiembre de 1977, la Junta Militar volvió a solicitar al FMI un nuevo stand-by por USD 194 millones. Argentina no llegó a utilizar estos fondos, ya que en ese momento su balance de pagos se encontraba equilibrado. Hasta 1980, los créditos otorgados por bancos comerciales contribuyeron a fortalecer las reservas internacionales y permitieron mantener un tipo de cambio cada vez más atrasado, facilitado por la implementación de la llamada "tablita cambiaria".
En ese entonces, si el gobierno argentino hubiera intentado acceder a financiamiento del FMI, el representante de Estados Unidos habría votado en contra, debido a las sanciones económicas impuestas por el Congreso y la administración de Jimmy Carter en respuesta a las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen militar.
Para 1981, la deuda externa había alcanzado un nivel equivalente a cinco años de exportaciones, mientras que la fuga de capitales había debilitado significativamente las reservas del país. En este contexto, Argentina entró en una situación de virtual cesación de pagos y, tras la derrota en la guerra de las Islas Malvinas en 1982, recurrió nuevamente al Fondo.
Hacia finales de 1982 y principios de 1983, el gobierno utilizó el tramo de reserva y, en enero de 1983, el FMI otorgó dos préstamos por un total de 2.200 millones de dólares –uno correspondiente al décimo stand-by y otro destinado a compensar la caída de las exportaciones– con la condición de reducir el déficit fiscal, controlar la inflación y mejorar la situación del sector externo. Debido al incumplimiento de las metas establecidas, el FMI decidió suspender los desembolsos.
