El ajuste de Cambiemos llegó rápido a la educación superior. Esta semana, la UBA anunció que el presupuesto sólo alcanza hasta agosto y la comunidad educativa se organizó para reclamar. El viernes, el FPV presentó un proyecto en Diputados para proteger a las universidades del aumento tarifario.
Corría el año 2001 cuando el entonces rector de la UBA, Oscar Shuberoff, anunciaba una crisis presupuestaria y el estado de emergencia de esa institución. Según alertaban por esos tiempos, los fondos con que contaba la UBA sólo le permitían proyectar gastos hasta octubre. Quince años después, por primera vez luego de más de una década de inversión ininterrumpida en el sistema universitario en general, la UBA vuelve a encontrarse frente a un ajuste presupuestario que la lleva a cerrar sus puertas a modo de protesta (como ocurrió el viernes 29 de abril). Clases públicas en los pasillos y en las calles, Facultades que permanecieron cerradas, docentes que afrontan paritarias irrisorias, son algunas de las postales que se volvieron a ver esta semana en una de las Universidades más grandes de Latinoamérica.
Siguiendo con el caso de la UBA, el Consejo Superior- máximo órgano deliberativo de esta institución- aprobó esta semana un presupuesto provisorio que prevé un incremento inesperado en los fondos para las Facultades: 0%. CERO-POR-CIENTO. Cero aumento para becas. Cero aumento para investigación. Cero para obras. Cero para pagar servicios de luz, gas y agua, que hoy cuestan hasta cinco veces más. Un grande y redondo cero que, para ser honestos, ni siquiera es tal ya que contar con los mismos fondos que el año pasado para afrontar gastos que hoy son más costosos significa más bien una reducción del presupuesto. Esto es, un ajuste.
Es en ese mismo sentido que la propia institución acusa que sólo pueden funcionar hasta agosto. Dos meses menos que en 2001. El ajuste volvió a la educación y penetra fácil en una Universidad de Buenos Aires donde los que cortan el bacalao son los primeros socios de la Alianza Cambiemos (ver “Todo queda entre amigosˮ).
Así fue que esta semana desde los distintos espacios políticos de la Universidad se alertó sobre la situación de emergencia, exigiendo la asignación de las partidas faltantes y apoyando el reclamo de docentes y no docentes por paritarias justas. Las propias autoridades de la UBA aprobaron un documento donde explican que es imposible funcionar con el presupuesto asignado.
¿Cómo afrontar esta situación? Tomando el mandato de conformar un gran frente que defienda los derechos adquiridos, desde el kirchnerismo universitario se articularon reclamos con los diferentes espacios políticos de la comunidad educativa. Desde el acompañamiento a las clases públicas, hasta la realización de una conferencia de prensa con representantes estudiantiles, docentes y graduados, además de autoridades de diferentes facultades, para reclamar por la situación de alerta educativa.
Todo queda entre amigos
Cabe hacer una salvedad: el presupuesto para la UBA aprobado el año pasado en el Congreso de la Nación preveía un aumento del 30%; sumado al aumento sostenido de los fondos para todo el Sistema Universitario a lo largo de los 12 años de Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Entonces, ¿por qué hoy las Facultades están con la soga al cuello? Evidentemente, debemos analizar cómo impacta la devaluación de diciembre y el aumento generalizado de precios en las cuentas de la Universidad. A su vez, partidas que habían sido aprobadas aún no fueron giradas ni puestas a disposición de la Universidad.
Pero al mismo tiempo, no podemos dejar de señalar la oscura administración hacia el interior de la UBA, que desvía la mayor parte del aumento presupuestario hacia el agujero negro que es el Rectorado, obligando a las Facultades a generar recursos propios (esto es: posgrados más caros, cursos privatizados, etc.) para afrontar los gastos . Los responsables de estas decisiones son los mismos que desde las trincheras de la UCR porteña alentaron el año pasado la candidatura de Lousteau, utilizando para su campaña fondos propios de la UBA, y luego de la Alianza Cambiemos. La unión UCR-PRO no impidió que este último ajustara las cuentas de las Universidades, obligándolas a cerrar los números con todo afuera.
En la administración de este presupuesto está a la cabeza Emiliano Yacobitti, Secretario de Hacienda de la Universidad y presidente de la UCR Capital, quien hace cuatro meses que maneja de hecho la Secretaría de Políticas Universitarias en un marco de ajuste a la educación pública. Actitud hipócrita si las hay, que estos funcionarios reclamen la continuidad de los subsidios y las partidas extra; mientras que del otro lado del mostrador son ellos mismos parte del Gabinete de Ajuste macrista.
Macri, el más federal
Para ajustar, el partido gobernante es el más federal. No sólo la UBA afronta un ajuste presupuestario sino que universidades de todo el país ya ponen el grito en el cielo ante los aumentos de tarifas y el ahogo presupuestario. Es por eso que desde el Frente para la Victoria, esta semana se avanzó en la presentación de proyectos de ley para proteger la educación superior. El pasado viernes se presentó un proyecto de ley para congelar las tarifas de agua, luz y gas, retrotrayéndolas a los montos de febrero de este año, previo al aumento y quita de subsidios, hasta tanto se apliquen las actualizaciones necesarias en las partidas presupuestarías. Resulta fundamental dar esta pelea para garantizar el funcionamiento de nuestras universidades. De aprobarse, esta ley será un paso en el largo camino que debemos recorrer para garantizar que nuestra educación continúe siendo pública, gratuita, federal y de calidad.
Frente Ciudadano para defender Derechos
Sin embargo el reclamo no se agota con los problemas de las tarifas de servicios: el mayor golpe de la devaluación se va a sentir en las becas para estudiantes- al día de hoy no sabemos cuántas serán ni si tendrán aumentos-; en los subsidios de los investigadores para comprar los insumos necesarios para sus proyectos; en el mantenimiento de nuestras facultades para cursar en condiciones; en el costo que representa el transporte a la hora de tomar la decisión de estudiar; en las obras que estaban en marcha por el crecimiento de la matrícula universitaria; etc. La discusión no es presupuestaria, estamos hablando de derechos adquiridos que en estas condiciones no vamos a poder ejercer. No sólo para los que deciden estudiar, sino también para todo el Pueblo argentino quien debe ser el principal beneficiario de las funciones de investigación y extensión que llevan adelante las universidades.
Para garantizar estos derechos, es necesario constituir un frente de unidad con todos los actores del Sistema Universitario: docentes, estudiantes, graduados, investigadores, no docentes y autoridades debemos encontrarnos juntos en el reclamo al Gobierno Nacional por mantener las conquistas que hemos alcanzado a lo largo de estos años. NI UN PASO ATRíS.
