La ministra de Seguridad Patricia Bullrich no pierde el tiempo cuando forma parte de gobiernos antipopulares y avanza sobre los derechos constitucionales de nuestro pueblo. Desde Bariloche, y luego de la reunión del pomposo y maquillado Consejo de Seguridad Interior, anunció la aprobación de un nuevo protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, en el momento que deban intervenir ante una manifestación en la vía pública.
Su nombre formal es Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas y representa un escándalo jurídico y político, por la pretensión oficial de criminalizar la protesta social y ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad para reprimir manifestaciones públicas.
"Si se corta sin aviso, llegarán las fuerzas federales, se les avisará del protocolo y si los manifestantes no se van se procederá a liberar la calle. Les daremos 5 o 10 minutos para desalojar y si no lo hacen, los vamos a sacar. Se le va a avisar a la justicia pero las fuerzas de seguridad pueden actuar de manera inmediata, no tiene que intervenir la justicia antes", fueron las palabras de la misma ministra del gobierno de otra Alianza, que abandonó el poder antes de tiempo y dejó un tendal de muertos como producto de la represión.
En una interpretación propia de regímenes dictatoriales, se obliga a las fuerzas de seguridad a interpretar que una manifestación que no cesa es un delito en flagrancia y que debe actuar sin orden judicial.
El protocolo es parcial porque si bien en los considerandos se habla de los dos derechos constitucionales (el de manifestar y el de circular), no hay una sola línea que eche luz sobre cómo se garantiza el derecho a manifestarse. Por el contrario se deja muy en claro lo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad para garantizar la libre circulación es reprimir. Sin lugar a dudas se opta por uno de los dos derechos.
Es contradictorio porque si el objetivo es “sacarˮ a los manifestantes, entonces los principios de legalidad, oportunidad, último recurso y gradualidad, en el punto VI del capítulo II), se vuelven totalmente abstractos. Justamente esos conceptos tienen sentido en un proceso que apunte a gestionar el conflicto y esa gestión lleva tiempo ya que tanto en la seguridad ciudadana como en tantos otros aspectos de la vida, nada se resuelve en cinco minutos.
Es ineficaz porque intentar controlar, reducir o eliminar el conflicto social mediante la represión no ha tenido resultados positivos en ninguna parte del mundo. Es negativo para la ampliación de derechos y construcción de una sociedad democrática pero también lo es para el objetivo que persigue: generar “cierto ordenˮ porque justamente ese orden es ilusorio y además profundamente antidemocrático.
El protocolo dice muy poco acerca de cómo deber ser el accionar policial. No prohíbe expresamente usar balas de plomo, tal como lo preveía el protocolo dictado por el Ministerio de Seguridad en el año 2011. Tampoco dice nada sobre la identificación de las fuerzas de seguridad ni de sus vehículos, autorizando la intervención de policías “de civilˮ. Además, delega en las policías los protocolos específicos de actuación, decisión que no hace más que acentuar el auto gobierno de las fuerzas y la consecuente falta de control político y democrático sobre esa actuación.
Con la implementación del nuevo esquema de represión, se le tira tierra encima a doce años de gestión del conflicto y de apuesta al diálogo. O sea que se anula la decisión de convertir en política de Estado la no represión de la protesta y de intentar, siempre, disminuir los índices de violencia, con resultados notables: decena de miles de conflictos resueltos y ni un solo argentino muerto por manifestar.
El conflicto social que se expresa en una actividad en la vía pública es en general una expresión de un derecho afectado y la herramienta para que ese derecho sea restituido. El kirchnerismo entendió que ese conflicto debía gestionarse y en lugar de reprimir, se debía intentar resolver el problema restituyendo los derechos saqueados en etapas neoliberales. Esa decisión fue el as de espada de la pacificación argentina.
Ninguna decisión política de Cambiemos es azarosa. En un gobierno que en tiempo record produjo una crisis económica, que transfiere recursos de todo el pueblo a las clases más altas, que provoca desempleo y hambre, lo lógico es que la ciudadanía se exprese para que le sean restituidos sus derechos. La respuesta lógica para los procesos de ajuste es la represión. Así lo narra la propia historia.
La ministra insiste con “el objetivo es cambiar la cultura de los cortes de calle en la Argentinaˮ. Otro objetivo que quedará sin cumplir ya que esa cultura es que un elemento constitutivo de los movimientos populares y organizaciones sociales que luchan por sus derechos. Lo que quiere el gobierno es que las organizaciones populares no existan para que los sectores populares no puedan expresarse y constituirse como sujeto político. O para que no se los vea en el centro de la ciudad. Ese es su anhelo más profundo.
En definitiva, este protocolo no va a impedir las manifestaciones. Tampoco va a “ordenarˮ el espacio público. Lo único que va a generar es un aumento general de la violencia lo cual, combinado con una larga serie de medidas antipopulares plantea una dinámica en espiral muy difícil de desactivar una vez iniciada.
Una vez más, los hechos se imponen al bochornoso maquillaje PRO (y radical).
