Los múltiples focos de incendios activos en Neuquén, Río Negro y Chubut dejan a la Patagonia en un estado de situación crítico. Se estima que se perdieron al menos 16 mil hectáreas, comprometiendo a familias, sus hogares, bienes materiales, áreas naturales, bosques nativos, biodiversidad y a todo el ecosistema. Mientras tanto, el presidente Javier Milei sigue diciendo en todo foro internacional del que participa que “el cambio climático es otra de las mentiras del socialismo”, minimizando su impacto en nuestras comunidades y sosteniendo su negacionismo climático con argumentos que buscan confundir a la sociedad. Así, en provincias cuyos legisladores mayoritariamente apoyaron instrumentos como la Ley Bases o el DNU 70/23, que desguazan todo lo público, los incendios avanzan ante la ausencia, el desfinanciamiento y la desarticulación de los Estados. La crisis climática está entre nosotros, sus consecuencias logran que los incendios (intencionales o negligentes) se vuelvan cada vez más difíciles de controlar, y la falta de políticas de adaptación, coordinación interinstitucional y gestión del riesgo crean un combo perfecto que culmina con las imágenes que vemos de nuestra Patagonia. El problema no es el fuego, es el rol del Estado.
Repasando, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) define al cambio climático como el “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”. Esta definición resalta una diferencia que parece menor pero es clave: por un lado, el cambio climático es causado por actividades humanas y, por el otro, la variabilidad climática ocurre por causas naturales. Esta distinción es fundamental para desarmar a los negacionistas climáticos, que suelen usar la variabilidad natural del clima como argumento para minimizar o negar la influencia humana en el calentamiento global. Aunque el clima siempre ha experimentado fluctuaciones naturales, los datos científicos muestran de manera consistente que las actividades humanas han acelerado y amplificado estos cambios a un ritmo sin precedentes. La relación entre el aumento de las emisiones producto de la acción humana y la temperatura media de la tierra es clara, ignorar esta distinción permite confundir a la gente y obstaculiza las acciones necesarias para enfrentar la crisis climática.
Concentración de dióxido de carbono (CO2) en el tiempo
Fuente: reporte IPCC
Temperatura media global
Fuente: Organización Meteorológica Mundial.
Sin Estado ¿quién apaga el fuego? Consecuencias de las políticas negacionistas.
El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que se encontraba bajo la órbita del ex Ministerio de Ambiente nacional (hoy devenido en subsecretaría), pasó al Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, a través de un decreto publicado el pasado 30 de diciembre. Esta medida, sumada a la no renovación de los contratos de más de 500 brigadistas y la falta de financiamiento en el área, representan un grave retroceso que ponen en riesgo la vida de la población, la infraestructura y la salud de todo el ecosistema.
El DNU 70/2023, la Ley Bases y todas las políticas nacionales que buscan destruir el rol del Estado, siguen generando graves perjuicios para la sociedad argentina dejando a las provincias en una posición de alta vulnerabilidad frente a incidentes de este tipo. En este sentido, la crisis ambiental sirve como ejemplo perfecto para graficar la necesidad de construir más federalismo en lugar de provincialismos, tal como expresa siempre nuestro compañero Máximo Kirchner. Pensar en resguardar los intereses del conjunto de las provincias argentinas -en lugar de solo la propia- a la hora de levantar o bajar la mano en el Congreso Nacional nos hubiera evitado, por ejemplo, la eliminación de fondos para la prevención de incendios.
La crisis ambiental sirve como ejemplo perfecto para graficar la necesidad de construir más federalismo en lugar de provincialismos, tal como expresa siempre nuestro compañero Máximo Kirchner.
Por si fuera poco, eventos como éste vuelven a dejar en evidencia que hay asuntos que el mercado por sí solo nunca va a resolver. Por el contrario, cuando se flexibiliza el rol del Estado como controlador, aparecen los intereses especulativos que hacen de nuestros bienes naturales comunes un botín de guerra. Para ellos, contaminación, desmontes o incendios intencionales no significan una limitante. Esto decía Cristina en su discurso del 26 de Enero del 2022 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras:
Muchas veces también los gobiernos al carecer de recursos y al renunciar a la facultad regulatoria que debe tener el Estado para preservar el ambiente y la calidad de vida de sus ciudadanos, termina autorizando cualquier cosa. Porque no tiene posibilidades de encontrar ingresos y recursos y ya se sabe, cuando alguien viene a invertir exige determinadas condiciones. También se sabe, que cuanto menos se invierte en seguridad ambiental más rentabilidad tiene cualquier emprendimiento.
Todo hace juego con todo. Se estima que el 95% de los incendios que ocurren en nuestro país son consecuencia de la acción humana, que incluye desde focos iniciados de manera accidental (fogones mal apagados o realizados en áreas no permitidas en zonas turísticas son un claro ejemplo) hasta los incendios intencionales. A su vez, un fuego intencional puede ser usado como práctica productiva (por ejemplo, es muy normal que en el sector agropecuario se utilice el fuego -controlado- para el rebrote de pastizales facilitando la alimentación del ganado) o especulativa, para así transformar el territorio y convertir lo que eran pastizales naturales, humedales o bosques nativos en negocios para unos pocos. Es decir, los focos se originan por acciones antrópicas y luego es la crisis climática la que se encarga de magnificar su daño, haciendo que su propagación (por sequía o fuertes vientos) sea cada vez más peligrosa. Es por esto que Máximo Kirchner promovió la modificatoria de la Ley de Manejo del Fuego, desincentivando así las prácticas especulativas que promovían incendios para enriquecer a unos pocos mientras las consecuencias son sufridas por amplias mayorías. Para sorpresa de nadie, no tardó en llegar la promesa presidencial de derogar esta modificación.
En este contexto, el senador nacional Martín Doñate presentó un proyecto de ley que exige la declaración de emergencia y el desembolso inmediato de fondos nacionales para asistir a quienes perdieron sus viviendas, medios de vida y proyectos productivos ante el escenario de desfinanciamiento y falta de respuestas por parte del gobierno nacional. El proyecto busca que los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) sean destinados a las familias damnificadas por estos incendios. Si los incendios fueron provocados, es urgente investigar y aplicar las máximas sanciones a los responsables, sea quien sea. Pero lo fundamental es entender que, sin una política ambiental seria por parte de los distintos niveles del Estado, este desastre se repetirá año tras año afectando a toda la comunidad.
El topo que vino a destruir el Estado desde adentro está promoviendo tierra arrasada para sembrar los negocios de los que ganan siempre. Mientras ajustan al pueblo siguen promoviendo la desregulación y desarticulación para la profundización de un modelo colonial, extractivista y saqueador. La crisis ambiental que, entre otras, contiene a la crisis climática y a este tipo de incendios a lo largo y ancho de la Argentina, ya está entre nosotros y nosotras; la frecuencia e intensidad de eventos extremos va a seguir empeorando. Ante todo esto, el principal debate es cuál es el rol de los Estado en la gestión de nuestros bienes comunes naturales y qué políticas a nivel nacional, provincial o municipal debemos promover para adaptarnos a estas situaciones. En síntesis, insistimos, el problema no es el fuego, es pensar en la nueva estatalidad.
