Contra el caranchismo punitivista

Guiados por el deseo ultraderechista de castigar, buscando el rédito barato y mentiroso de los titulares en los medios de comunicación, el Congreso dejó pasar la oportunidad de discutir a fondo los complejos problemas de inseguridad en nuestro país y la construcción de un Régimen Penal Juvenil serio. 

Desde nuestra organización, estamos convencidos de que poner al Estado a endurecer penas, perseguir y encarcelar, mientras en simultáneo se destruyen todas las herramientas para prevenir y cuidar, es un camino que solo llevará al incremento de la violencia social; un camino que solo traerá más dolor y que no ayudará a reparar las legítimas demandas de justicia que pueden tener las víctimas. 

Estamos de acuerdo en la necesidad de debatir un Régimen Penal Juvenil que deje atrás la Ley de Minoridad de la dictadura que hoy está vigente, que construya mecanismos orientados a la reeducación, y que aborde particularmente los casos de delitos graves y gravísimos cometidos por adolescentes. Pero ese régimen no es el mismo que el de un gobierno nacional que solo busca que los pibes de sectores populares se amontonen y desborden los centros de detención después de haberles negado cualquier posibilidad de futuro.  

Como planteó nuestra compañera Paula Penacca en el recinto: “Abandonar a los pibes y después decirles que son adultos cuando delinquen es algo que no funciona”, y solo alimenta el caranchismo y el show mediático. “Lo único que van a lograr con este proyecto es abarrotar los institutos y los lugares de detención”, agregó. Porque con los recursos que autorizó el Congreso, apenas 308 m2 por provincia van a poder construir. 

En definitiva, “esto no resuelve los problemas de inseguridad que pueden tener los pibes y las pibas, ni la soledad que tienen muchos de esos pibes porque sus padres, sus madres, los adultos a cargo tienen pluriempleo hoy gracias a la política económica de Javier Milei. Estos son los problemas reales de la gente de a pie que ustedes no están atendiendo para hacer este punitivismo barato (...) Para lo único que usan el Estado es para la función represiva, y se meten con los más débiles: con los jubilados, con los discapacitados, con los estudiantes, con los trabajadores. Reprimen a los débiles pero después se arrodillan frente a los empresarios para dictar esa ley de precarización laboral, que la dicta el Fondo Monetario Internacional y que va a terminar de hambrear al pueblo argentino (...) Este modelo económico facilita la llegada de los narcos. Este modelo económico de dólar barato, de carry trade, de fuga de capitales es el modelo económico que necesitan construir y para eso reprimen, para eso quieren esta ley".

Para proponer un verdadero Régimen Penal Juvenil es indispensable partir de tres premisas básicas, desarrolladas por nuestro compañero Matías Molle en sus intervenciones, tanto en el plenario de comisiones como en la sesión de la Cámara. En primer término, no empezar por el final del cuento, sino trabajar para que no haya víctimas. En segundo lugar, renunciar a todo fetichismo con el derecho penal, que adora el castigo como única medida concreta. Y por último, abordar la seguridad como la gestión de la conflictividad social, en vez de acotarla a la represión del delito.

Nuestro bloque ha presentado múltiples proyectos para “discutir con los gobernadores y con los municipios políticas de intervención en la conflictividad adolescente”, porque este “es un problema de la sociedad argentina y de todas las fuerzas políticas. No podemos elegir atajos”.

Uno de esos proyectos, por ejemplo, crea el “Fondo Nacional para el abordaje integral de la gestión de la conflictividad en la adolescencia”, que se financiará mediante la duplicación del impuesto a las ganancias sobre apuestas y apuestas online, la recaudación adicional de impuestos al tabaco definida en la Ley Bases y otros aportes y donaciones. Junto con el “Sistema integral de información, seguimiento y análisis de la conflictividad en adolescentes”, se trata de proyectos con una lógica protectora de derechos, que asumen que sin un Estado que planifique, controle y produzca información de calidad no puede haber buenas políticas públicas, y que sin ellas es imposible prevenir a tiempo el delito.

El problema, por lo tanto, no es la edad de imputabilidad. La gran mayoría de los delitos violentos son cometidos por adultos a pesar de la existencia de leyes penales que los prohíben y castigan. No es por la edad punible que los narcos reclutan “soldaditos” de 16, 14 o 12 años, sino la situación desesperada en la que se encuentran, por la falta total de oportunidades, por la deserción estatal. 

En el plenario de comisiones previo al tratamiento del proyecto, Lucía Cámpora lo planteó con claridad: “El marketing punitivista por el que se desvela Patricia Bullrich nos va a dejar sin la posibilidad de discutir un verdadero régimen penal juvenil”. No les interesa hacerlo. Porque, ¿cuál es el horizonte que le propone este gobierno a los jóvenes? 

Siguió Lucía: “Este es un proyecto diseñado para que los pibes pobres de nuestro país se pudran en las cárceles (...) Es un proyecto diseñado por el mismo gobierno que recorta en las políticas de prevención para adicciones. Hablamos de un 38% de ajuste en el presupuesto del Sedronar, hablamos del cierre de más de 50 casas de atención para pibes y pibas que quieren tratar y resolver sus problemas de adicciones y que gracias a este gobierno tienen cada vez menos lugares para hacerlo (...) Del mismo gobierno que recorta los alimentos en los comedores, el presupuesto para educación, de las escuelas técnicas, del PROGRESAR (...) Es el mismo gobierno que se rasga las vestiduras por la violencia que hay en los pibes, pero que en 2024 bajó  la edad a la que pueden acceder a las armas. El mismo gobierno que llevó en sus listas a candidatos asociados al narcotráfico, que producto del retiro del Estado en los barrios cada vez hay más presencia de esos narcotraficantes que invitan a nuestros pibes y pibas a caer en la criminalidad”. 

La realidad de nuestros pibes es dramática. Lo sabemos porque lo vemos en nuestros barrios, porque son nuestros compañeros de escuela y porque nos pasa a nosotros mismos. También lo sabemos porque lo indican las estadísticas. Toda persona que atraviese una tragedia producto de un crimen –sea cometido por adolescentes o adultos— merece ser escuchada y obtener justicia. Pero es importante resaltar que los datos oficiales confirman que en nuestro país no están subiendo las estadísticas de criminalidad adolescente, sino que lo que está en aumento son los casos de suicidio adolescente. En 2024, se registró un aumento significativo de la demanda de tratamientos de salud mental y problemáticas de consumo. Según la OMS, el suicidio es la tercera causa de defunción en las personas de entre 15 a 29 años. 

Sin embargo, el oficialismo y sus aliados consideran que vende más el consignismo barato que invertir en políticas de Estado que le ofrezcan a las juventudes un rumbo que valga la pena. Como explicó Horacio Pietragalla en la sesión, es una ley “que no resuelve nada” y que está llena de hipocresía. La hipocresía de quienes se conmueven más “con un perro callejero que con un pibe que vive en la calle”.  Y como bien dijo la diputada Gabriela Estévez, “este gobierno no tiene la capacidad moral ni política de llevar adelante esta reforma. No le importan las víctimas del delito ni rescatar a los jóvenes de la criminalidad”. 

El Senado está a tiempo de frenar esta ley sádica y cruel, que ni siquiera cuenta con financiamiento, y de oponerle a la demagogia bullrichista del gobierno y su inclinación por las soluciones mágicas una discusión seria y responsable, que nos permita darle a los pibes y pibas de nuestro país una salida que sea con trabajo, educación, salud mental, deporte y acompañamiento del Estado en todas las facetas de la vida.