Criminalización de la protesta en las escuelas: un nuevo capítulo
La educación pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires padece ajustes en su presupuesto desde que la gestión PRO comenzó a gobernar el distrito hace 12 años. La reducción de más del 25% del presupuesto destinado a la educación de la Ciudad se trasladó al abandono de los edificios, el derrumbe del nivel educativo y el recorte de las currículas. Con la llegada de Mauricio Macri al gobierno nacional, esta política se profundizó.
por
La Cámpora
16 feb 2018
* Frente de Secundarios de La Cámpora Ciudad de Buenos Aires
Argentina volvió a las recetas neoliberales cuyas consecuencias ya vivimos y conocemos, entre ellas, la de lxs jóvenes que deben salir a trabajar para ayudar a su familia porque cada día se les dificultad más ir a una escuela que no solo está en pésimas condiciones sino que les restringe el acceso a una beca, una vianda o incluso a una vacante. Desde el gobierno hubo una definición clara de generar el desguace de la escuela pública y aumentar la matrícula de las privadas, una política que hizo que en 2016 unx de cada dos estudiantes opte por la escuela privada y más de 11 mil estudiantes se queden sin vacante en establecimientos públicos.
Sin embargo, el plan de ajuste encontró resistencia. Durante todo este proceso la comunidad educativa integrada por las cooperadoras de padres y madres, docentes, centros de estudiantes y coordinadoras estudiantiles, se le plantó al gobierno y atenuó su avance contra la escuela pública. Las movilizaciones, las actividades gremiales dentro de los colegios y las reuniones en el Ministerio lograron consolidar una comunidad educativa unida y protagonista de esta lucha. De esta manera, se armaron espacios como la multisectorial que logró la conquista histórica del boleto educativo; se consiguió la postergación del proyecto de la Nueva Escuela Secundaria de Calidad y su recorte de currículas, y se promovió un proceso de debate que hizo que en el último 2017 lxs estudiantes se sentaran a discutir a la par con la Ministra de Educación, Soledad Acuña, la reforma educativa que planeaba convertir a lxs alumnos de 5to. año en mano de obra barata para las empresas. Esto no hubiese sido posible sin un plan de lucha que incluyó la toma de 30 escuelas.
Por otra parte y como ya sabemos, el ajuste que está realizando el macrismo en todas las áreas es parte de un modelo que no cierra sin represión. Durante estos años la comunidad educativa, y en particular lxs estudiantes, padecimos las diferentes estrategias que tomó el gobierno para silenciar nuestros reclamos. La represión a lxs docentes que reclamaban la apertura de paritarias en una Escuela Itinerante, el amedrentamiento de las fuerzas de seguridad a lxs estudiantes que llevaban adelante actividades en las escuelas, el “0800 buchónˮ -una línea de uso exclusivo para denunciar actividad política en las escuelas-, la prohibición de hablar sobre la desaparición de Santiago Maldonado en las aulas y la judicialización de las tomas, entre otras, demostraron que les molesta la protesta, pero mucho más lxs estudiantes organizados generando pensamiento crítico.
Este jueves lxs chicxs empezaron a rendir las materias que adeudan para pasar de año. Pero para estxs estudiantes y para todxs los demás, este no fue el tema más importante del día: se despertaron con la noticia de que a partir de ahora si toman su colegio para visibilizar un reclamo, la medida se va a judicializar y nuestras familias tendrán que responsabilizarse por lo ocurrido. Además, se estableció un protocolo de acción para el rector del establecimiento.
La ministra de Educación afirmó que “en condiciones normales, el rector es responsable del patrimonio y de los chicos, pero cuando no puede hacerse cargo por una toma, deberá informar a cada una de las familias que debe ir a buscar a sus hijos y se suspende la autorización para que puedan salir de la escuela solos. Si los padres dicen que ellos eligen que los alumnos se queden en la escuela, se asentará eso en un acta para luego saber a quien cobrarle en caso de vandalismoˮ. En definitiva, Acuña no solo desconoce el derecho a la protesta, a la libertad de lxs estudiantes de manifestarse políticamente y su responsabilidad frente al desmantelamiento de la educación, sino que opta por recurrir a lo medios de comunicación afines a su gobierno para dar a conocer este nuevo protocolo antes que informar a la comunidad educativa, tal como hizo con el proyecto de reforma educativa el año pasado.
Entendemos que Soledad Acuña se sienta más cómoda hablando con los medios de comunicación que con lxs estudiantes a lxs que les está quitando la posibilidad de estudiar en condiciones, pero lamentamos que desconozca nuestros derechos y la importancia de la educación pública para lograr un país socialmente justo. Nos apena, además, que pierda el tiempo que podría estar dedicando a escuchar nuestras demandas en realizar un protocolo que pone el eje en los gastos en reparaciones que se van a necesitar luego de cada toma. Ella sabe más que nadie que las tomas son pacíficas, que incluyen jornadas de limpieza y pintura que dejan las escuelas mejor que antes, pero sobre todo, ella sabe muy bien que esto es un intento más de estigmatizar el reclamo y criminalizar la protesta.
Por eso, queremos dejar bien en claro que el movimiento estudiantil está más fuerte que nunca y que nuestra familia de la Escuela Pública está aún más movilizada. Aunque nos judicialicen, nos amenacen y nos persigan, lxs pibes vamos a seguir reclamando por nuestros derechos y por lo que creemos que es justo.
