El control de la calle como política criminal

Ejemplos sobran: desde los fondos reservados de la SIDE, la compra de aviones de guerra, la compra de miles de armas “menos letales” –que prontamente estarán apuntando a los ojos de los manifestantes en plena calle–, hasta la adquisición de granadas y municiones, dan cuenta de una preocupación y una ocupación muy claras.

Podemos preguntarnos: ¿Es contradictorio? La respuesta, a esta altura, se nos manifiesta en su forma más obvia. Si nos tomamos el trabajo de intentar comprender sus posicionamientos y cómo, desde su óptica, entienden que debe gestionarse el Estado, esta inversión (en el doble sentido), más que contradictoria resulta coherente. Con estas decisiones dejan bien en claro que sus objetivos son la demolición del Estado Social y, al mismo tiempo, buscan propiciar y sostener una política de seguridad meramente represiva y reaccionaria sostenida por un discurso cargado de “soluciones rápidas”, “urgentes” y “efectistas”, que no contienen ningún tipo de propuesta de solución real más que generar violencia y exponer a los integrantes de las fuerzas de seguridad.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el gobierno utiliza el desguace del Estado y el mantenimiento del orden como camino hacia su modelo anarcocapitalista, es que debemos entender a ambos como las dos caras de una misma moneda.

Las consecuencias de “retirar” al Estado de sus políticas de promoción, protección y regulación van a generar una crisis social muy profunda, por eso es que necesitan un conjunto de dispositivos normativos de control de la sociedad que les permitan “mantener” esa crisis coaccionada. Esto nos obliga a realizar un trabajo de evaluación de los recursos (humanos, materiales, económicos y financieros), no sólo en políticas de seguridad, sino también en el análisis de los “costos” de un Estado “eficiente” de acuerdo a las prioridades fijadas por el Poder Ejecutivo. Así, podemos adelantar que no se ha respetado una asignación prudente, equilibrada, correlativa y coherente en términos de recursos disponibles, en relación a las necesidades reales de la sociedad.

Pero aún más grave es lo que sucede con el recorte de los recursos destinados a políticas sociales y, específicamente, en recursos para la seguridad social. En estos días pudimos observar una vez más la utilización desproporcionada de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del congreso contra jubilados que reclamaban, ni más ni menos, la actualización de las jubilaciones y la posibilidad de contar, como hasta hace muy poco, con los medicamentos gratuitos que tan necesarios y fundamentales son para ellos.

La decisión del Poder Ejecutivo de utilizar, de manera desproporcionada, a las fuerzas de seguridad contra los ciudadanos reunidos en las afueras del Congreso, con un alto grado de violencia, con golpes, balazos de goma apuntados al cuerpo, el uso de gases (que generan quemaduras de hasta primer grado, irritación, eritema, ampollas, obstrucción de la vía respiratoria y dificultad para respirar), demuestra una vez más que el empleo de las fuerzas de seguridad para “controlar la calle” –en vez de jerarquizar el trabajo policial y la formación del personal con el objetivo de su profesionalización a partir de las necesidades y demandas actuales, que claramente no es su prioridad–, va a ser su verdadera política criminal. 

En estos días pudimos observar en algunos medios de comunicación y redes sociales que se comparó el “costo” de una jubilación mínima, que es $234.630, con la compra de material explosivo cuyo “costo” es de $213.785 por cada munición. Esta información también se puede encontrar en la página oficial comprar.gob.ar, y allí se puede ver que en marzo de 2024 se adquirieron un total de 1980 granadas y 3895 municiones por un monto total de de 992.875 dólares, siendo el valor unitario de cada unidad comprada el equivale a 169 dólares.

¿Cuáles son los costos que el gobierno está dispuesto a pagar?, es la pregunta que ha sobrevolado estas líneas. Es evidente que no está dispuesto a pagar “los costos” de las jubilaciones, las Universidades, los medicamentos, la obra pública, el apoyo a la cultura y muchos otros más. Pero tampoco está dispuesto a pagar el costo político de esa decisión. Y para eso sí está dispuesto a pagar el costo de los elementos, materiales y ejercicios de la represión. 

Esto no se trata de una diferencia semántica, sino profundamente política. Desguazar el Estado es “reducir” el costo (aunque al mismo tiempo el costo en seguridad crezca, lo cual sólo pone en evidencia la falsedad de sus consignas). Ese es el modelo que vinieron a implementar en nuestro país. 

La política es un campo en permanente tensión por la fijación de prioridades. Cada fuerza política, cada forma de ver y comprender el mundo, establece sus propias prioridades para cumplir con los objetivos que lo acerquen a ese horizonte deseado, a ese modelo de sociedad por el que lucha día a día. Está claro que las diferencias existentes –reales y concretas– entre el modelo anarcocapitalista que el gobierno quiere implementar en nuestro país, y el modelo de desarrollo con inclusión social por el que hemos trabajado mucho, a veces con aciertos y otras con errores, son muchísimas y profundas. Lo que ellos llaman “gasto” nosotros lo llamamos “inversión”; lo que para ellos es un costo, para nosotros es la justicia social; ellos trabajan por una sociedad para pocos, nosotros por una comunidad organizada, en donde los números cierren, pero con la gente adentro.

* Militante de La Cámpora.