El Plan Condor del siglo XXI

Luego de la Segunda Guerra Mundial devino el período de bipolaridad política bautizado por George Orwell como “Guerra Fría”, en el que Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por el control de distintas áreas geográficas estratégicas. Durante esta etapa, el centro de los conflictos que había sido hasta entonces Europa se trasladó al “sur global” y el llamado “Tercer Mundo” adquirió especial relevancia. Los procesos de descolonización en África, la derrota de los franceses en Indochina, el triunfo de la revolución cubana y los diversos movimientos de lucha en América central fueron catalizadores de la formulación de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) en nuestro continente. La supuesta difusión de las ideas comunistas fue utilizada por Estados Unidos para reforzar su presencia mediante distintos instrumentos y estrategias, como la DSN pero también la Alianza para el Progreso.

La DSN caracterizó al comunismo internacional como principal enemigo, identificando a la Unión Soviética como epicentro mundial y a Cuba a nivel regional. En ese marco, los países latinoamericanos debían hacerle frente a los supuestos agentes del comunismo que se convertían en el “enemigo interno” que podía ser cualquier agente con ideas opuestas a los regímenes militares de la región.

América del Sur atravesó diversos golpes de estado que impusieron regímenes autoritarios inspirados en la Doctrina de la Seguridad Nacional: Paraguay en 1954; Brasil en 1964, Bolivia en 1971, Uruguay y Chile en 1973 y Argentina en 1976. Si bien cada régimen tuvo sus propias características, un elemento común fue la represión a la oposición mediante la perpetración de delitos de lesa humanidad como los secuestros y ejecuciones ilegales, las desapariciones forzadas, la violencia sexual, el robo de bebés y la tortura. La utilización del terror no sólo apuntaba al aniquilamiento de opositores, sino que perseguía el objetivo de paralizar cualquier aspiración social vinculada a la justicia social.

En la década de 1970, la represión que caracterizaba a los regímenes de cada país se transformó en una represión coordinada bajo el llamado “Plan Cóndor”. En noviembre de 1975  se reunieron en Santiago de Chile autoridades de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, y formalizaron el accionar represivo criminal. El nombre “Cóndor”, iniciativa de Uruguay, pretendía homenajear a Chile como país sede. Más tarde se sumarían al sistema Cóndor Brasil, Ecuador y Perú, alcanzando ocho de los trece países de la región sudamericana. Los crímenes de los regímenes dictatoriales, antes llevados adelante dentro de sus fronteras, pasaron a tener una dimensión transnacional, ya que los países del sistema Cóndor realizaban operativos conjuntos y traslados clandestinos de personas entre países. Las fronteras dejaron de ser un límite para la represión: los operativos del Cóndor permitían apuntar contra personas que se habían exiliado -en algunas ocasiones, más de una vez- y que escapaban de las dictaduras en la región, mientras que a la vez se violaban todas las protecciones internacionales aplicables a las personas refugiadas.

El Plan Cóndor inclusive incluía asesinatos extracontinentales y se estima que sus víctimas superaron las 500 personas, siendo las de nacionalidad uruguaya, argentina y chilena las principales. Algunos de los sitios clandestinos utilizados fueron “Automotores Orletti”, en la Ciudad de Buenos Aires, y “El Pozo de Banfield” y “El Pozo de Quilmes” en la Provincia de Buenos Aires. Constituyó una estrategia continental de disciplinamiento político y económico impulsada por los Estados Unidos y ejecutada por las élites locales, cuyo objetivo fue frenar el avance de los movimientos populares y garantizar un nuevo modelo de dependencia para América Latina. Más de una veintena de juicios se iniciaron vinculados al Plan Cóndor en la región: en mayo de 2016 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Capital Federal lo reconoció como una asociación ilícita transnacional y condenó a quince imputados en la causa.

El nuevo Plan Cóndor: lawfare y persecución política

En 2016, la compañera Cristina Fernández de Kirchner publicó, en sus redes sociales, una editorial del medio ecuatoriano “El Telégrafo” que se titulaba: “El nuevo Plan Cóndor ahora apunta a Lula y a Cristina Fernández”. La nota seguía así:

“Es evidente que no se trata de una simple coincidencia. Si antes fueron los grupos armados dentro de las instituciones militares latinoamericanas, ahora es con los aparatos judiciales y mediáticos. Pero detrás siempre están los mismos. Usan el arma del desprestigio, la difamación y el recurrente señalamiento de que todo lo que hacen los líderes y gobiernos progresistas termina en corrupción. Son los mismos que tienen procesos judiciales de grandes negociados y de servir a sus empresas privadas, y no al país. No cabe duda de que es una estrategia con un solo objetivo: recuperar el poder imperial, la hegemonía neoliberal y acabar con todo un período de avances sociales muy significativos, erradicación de la pobreza y soberanía nacional. No les gusta porque así no se enriquecen como antes. Y en el caso de Lula, expresidente de Brasil, viven con la angustia de que es el hombre más popular de ese país. Saben que, de haber elecciones en este instante, ganaría la Presidencia. Igual ocurre con Cristina Fernández, expresidenta de Argentina. Ahora quieren tapar las corruptelas del presente encarcelando a estos líderes”.

El lawfare, que utiliza el aparato mediático, económico y judicial contra líderes populares en la región, es un aparato implementado por Estados Unidos para perseguir políticamente a los líderes populares -y disciplinar a sus pueblos- e imponer sus candidatos prescindiendo de la anterior fuerza militar. Si bien hoy las dictaduras militares ya no son el principal instrumento de disciplinamiento político en América Latina, los mecanismos de intervención siguen vigentes.

A nivel regional, el golpe contra Manuel Zelaya en Honduras, la destitución de Fernando Lugo en Paraguay, el golpe contra Dilma Rousseff en Brasil, el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva, las causas contra Rafael Correa en Ecuador, el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia y el intento de asesinato, proscripción y encarcelamiento de Cristina repiten la misma matriz coordinada del Plan Cóndor pero en pleno siglo XXI. El objetivo político del nuevo sistema Cóndor, al igual que el original del siglo pasado, no son sólo los líderes populares, sino el disciplinamiento social de las grandes mayorías, que deben renunciar a vivir en sociedades con justicia social.

A cincuenta años del golpe de Estado, la democracia argentina está en cuestión con presxs políticxs y fundamentalmente con la principal líder de la oposición, nuestra compañera Cristina, presa y proscripta. El show mediático y judicial busca disciplinar a la dirigencia política y no hablar de la grave situación social que está atravesando la Argentina. Como dijo el pasado martes la compañera: “Me puedo morir presa, pero créanme que, en algún momento, esto se va a terminar porque el estómago requiere determinada cantidad de proteínas para funcionar”. 

El gobierno de Javier Milei representa un proyecto profundamente alineado con los intereses del capital financiero internacional, que busca desmantelar el Estado, destruir derechos laborales, privatizar recursos estratégicos y subordinar nuevamente a nuestro país a los poderes económicos globales. El brutal ajuste económico, la destrucción de políticas públicas, el ataque a la educación y a la ciencia, y el intento de relativizar los crímenes de la dictadura forman parte de un mismo proyecto político que ya fue aplicado en el país.

Pero así como quisieron enterrar a los 30.000 sin saber que eran semilla, y que años después brotaron con Néstor y Cristina —dos presidentes que se reconocerían como hijxs de las Madres y hermanxs de lxs desaparecidxs—, el pueblo volverá. Porque, como dice la compañera Cristina, “tardará más o menos tiempo, pero el pueblo finalmente es como un río, se le ponen piedras, se puede desviar el cauce, pero el agua se filtra y pasa”, porque el pueblo no se resigna a vivir sin derechos.