Este breve pero profundo recordatorio, que pretende despejar elucubraciones y reafirmar nuestra doctrina, sirve para comenzar a dialogar sobre una de las herramientas que encontramos para defender lo nuestro. El proyecto de ley D-199/24-25 se escribió con el objetivo de reparar una de las tantas desigualdades históricas que tiene la provincia de Buenos Aires respecto de la Ciudad de Buenos Aires: el derecho de las y los trabajadores a una indemnización justa, conforme lo establece nuestra Constitución Nacional (art.14 bis) y Provincial (art. 39).
La foto actual de injusticia es nítida. Hoy un trabajador de la Ciudad de Buenos Aires recibe una indemnización laboral por sentencia judicial que significa aproximadamente el doble de lo que recibe un trabajador de la provincia de Buenos Aires, en idénticas condiciones y circunstancias. Así, se configura una clara desigualdad, por la que los bonaerenses no tienen el mismo derecho que los porteños y, por ende, no hay igualdad ante la ley (art. 16 CN) y el federalismo se encuentra en tensión.
¿Y cómo se llega a esto? Hagamos primero un recorrido de la situación en general. Lamentablemente, cualquier persona que sufre, una situación de despido, debe ser indemnizada conforme lo establece la ley. Esa indemnización debería ser abonada inmediatamente por el empleador. Pero esto rara vez sucede y el trabajador se ve en la necesidad de iniciar un reclamo judicial para que se le reconozca su derecho.
*Primera afirmación: los juicios laborales existen porque casi nadie paga en tiempo y forma las indemnizaciones como la ley manda.
El trabajador, además de afrontar la difícil situación de despido y no percibir suma alguna, debe encarar un proceso judicial, que con suerte, obtendrá sentencia en 5 o 6 años. Desde que es despedido y hasta la sentencia, el trabajador no cobra nada y el empleador, en cambio, dispone libremente del dinero que por ley debería haber abonado al momento del despido.
*Segunda afirmación: el trabajador se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad respecto del empleador.
Ahora bien, cuando se dicta sentencia, donde no sólo se calculan los montos de capital sino también los intereses, arribamos a la cuestión planteada en el proyecto de ley: el cálculo que aplica la Cámara Nacional del Trabajo en CABA -hace más de 20 años y de manera pacífica- es más beneficioso que el que aplican los jueces laborales dentro de la Provincia de Buenos Aires. Esto quiere decir, ni más ni menos, que un trabajador de CABA cobrará una mejor indemnización que el trabajador bonaerense, el cual recibe un monto completamente licuado por el correr del tiempo. Y reiteramos: en idénticas condiciones y circunstancias.
*Tercera afirmación y fundamento principal del proyecto de ley: el trabajador bonaerense vale menos que el porteño.
Las desigualdades son injustas, siempre. Pero las desigualdades que son creadas y sostenidas por un sistema económico-social que necesita que así sea son, además de injustas, más difíciles de revertir. Pensemos por ejemplo en las desigualdades por razones de género o disidencias.
Que la provincia de Buenos Aires tenga trabajadores “baratos” es una cuestión numérica para algunos, pero una realidad con rostro humano para muchos. El pueblo trabajador bonaerense, los sindicatos, las y los abogados laboralistas que han acompañado el proyecto de Ley, y muchas personas que quieren una provincia y una Nación más justa, repetimos una única consigna: no queremos ciudadanos de primera y de segunda.
El pasado lunes 2 de septiembre, ante la UIA, el presidente Milei dijo: “No importa cuántas regulaciones quieran inventarse para proteger a los trabajadores”.
Esta cruel sinceridad que parteaguas, quizás conmueva a quienes hoy en día pretenden renovar las verdades peronistas y desconocer parte de nuestra historia. Y vos ¿de qué lado de la mecha te encontrás?.
*Militante de La Cámpora y Diputada de la provincia de Buenos Aires.
