Opinión

Eso es eficiencia, Marí­a Eugenia

por La Cámpora
13 mar 2016
Por Horacio Verbitsky (*) El Hada Buena y su ministro de Seguridad han logrado una mejora asombrosa de su policí­a, en respuesta a la inseguridad que angustia a la población. Los poco más de cinco mil habitantes de Carlos Tejedor, en el norte de la provincia de Buenos Aires, asistieron a un despliegue fulminante, que no escatimó hombres y recursos para esclarecer una seguidilla de graves crí­menes, individualizar al jefe de la banda y secuestrar las armas que habrí­a empleado. Esto implicó traspasar la propia jurisdicción, con desplazamientos de efectivos a los partidos vecinos de San Andrés de Giles y Pehuajó, aportes de dependencias técnicas, un trabajo rápido y preciso de Inteligencia y el empleo de tan moderna tecnologí­a como la que deslumbra al ministro de Comunicaciones Oscar Aguad. A las 10.30 del 27 de febrero el subcomisario Luis Darí­o Manago, a cargo de la policí­a comunal de Carlos Tejedor, “toma conocimientoˮ de la comisión del delito y enví­a al lugar al subinspector César López Rouan. Su diligencia es tan notable que dos horas antes de recibida la orden y en compañí­a del oficial Mario Elí­a, comienza a transitar por la calle San Martí­n y al llegar a Irigoyen comprueban el primer delito, del que realizan todas las constataciones necesarias. Tras las huellas de los malhechores detectan que el raid criminal continuó al amparo de la noche e incluyó a la cooperativa eléctrica de la calle Mitre; el supermercado Alcer; la distribuidora de bebidas de Oscar Mauro; la Escuela Normal, el local de repuestos Casa Pablo y el comité de la UCR. Todo ello fue documentado con fotografí­as en cada escena del crimen e inscripto en un plano de la planta urbana. Luego de interrogar a varios testigos, uno de los cuales figura como denunciante, el sagaz policí­a dio intervención al titular de la Unidad Funcional 1 de Trenque Lauquen, el fiscal Omar Flores. El subcomisario Manago también recurrió al delegado de investigaciones de Carlos Tejedor, principal Ví­ctor Sánchez, con cuya participación se pudo esclarecer que la ola delictiva se habí­a extendido a la ruta provincial 226, en dirección a Pehuajó, y secuestrar el cuerpo del delito. Por último, a pedido del fiscal, quien con la invalorable ayuda policial habí­a identificado al delincuente serial y establecido donde se guarecí­a, la jueza de garantí­as Alicia Cardosi dispuso el registro de ese domicilio y del vehí­culo utilizado, que se realizó cuando apenas habí­an transcurrido cinco dí­as de los hechos delictivos. El sábado 5 doce efectivos policiales montaron un operativo espectacular en ese domicilio. Llegaron en dos patrulleros y un auto sin insignias. Seis guardias de infanterí­a con sus garrotes cortaron el paso en la vereda mientras los otros ingresaron a la vivienda al grito de policí­a. Luego de una revisión minuciosa, secuestraron un aerosol. Los delitos investigados eran una serie de pintadas que decí­an “Monzó extorsionadorˮ, “Monzó ladrónˮ, “Monzó putoˮ, “Monzó gatoˮ o “Monzó loroˮ. Emilio Monzó fue intendente de Carlos Tejedor y desde hace tres meses preside la Cámara de Diputados de la Nación. Según Tejedor Noticias, en 1998, cuando Monzó era asesor del consejo bonaerense del menor durante la gobernación de Eduardo Duhalde, la dueña de la clí­nica On the Way denunció que le habrí­a pedido una comisión sobre la deuda pendiente, pero el juez César Melazzo le dictó la falta de mérito. El subinspector López Rouan dijo que al terminar su turno a las 4.55 vio a un hombre y una mujer efectuar la primera pintada con aerosol en un tapial y retirarse en un auto Gol blanco, con patente NLK152. En consulta con la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor y antes de dar intervención a la Unidad Fiscal su jefe estableció que el auto pertenecí­a a Carlos Ismael Ballesteros, radicado en San Andrés de Giles. Manago le pidió al jefe de Policí­a de Giles que investigara al propietario y sus familiares, “labor que desempeñan, militancia polí­tica, etcˮ. El inspector Cristian Doyle respondió de inmediato que varias veces se vio al auto “conducido por el hijo del titular, resultando ser el ciudadano Ballesteros Facundo, a quien se lo conoce que se desempeña en la militancia de la polí­tica conocida como La Cámporaˮ. En un alarde de precisión agrega que Facundo está en Giles los fines de semana y pasa los demás dí­as en La Plata. Doyle también investigó el perfil de Ballesteros en Facebook: “Se observa que tiene colocada una remera blanca con las inscripciones en letras de color negro que reza La Cámpora y el mismo posee en su mano izquierda un micrófonoˮ. Los sabuesos que viajaron desde Tejedor hasta Giles, “siempre mediante la utilización de GPSˮ, también establecieron que Ballesteros habí­a sido electo concejal. Por conexidad adjuntaron fotos de un local del Partido Justicialista que lleva el nombre de Héctor J. Cámpora. La ley de Inteligencia nacional prohí­be obtener información sobre personas, por “su opinión polí­tica, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidariasˮ. El cuñado de Monzó, Juan Carlos Menafra, y el productor agropecuario Santiago David Ranciari también encontraron y descolgaron pasacalles similares en el cruce de las rutas 5 y 46 y en Pehuajó, sobre la ruta 226. Además del aerosol, la policí­a secuestró una remera de La Cámpora con manchas de pintura. También tuvo la perspicacia de llevarse el telefonito del dueño de casa. El oficial a cargo intentó congraciarse: “Esto te lo opera Ritondo. Tení­amos orden de tirar abajo la puerta y romper, pero tocamos timbreˮ, le dijo. El procedimiento, por daño agravado, según el artí­culo 183 del Código Penal, tiene escasos precedentes. “En quince años como defensora oficial de San Isidro nunca vi una causa semejanteˮ, dice la doctora Marí­a Dolores Gómez. Si esta práctica se generalizara, los juzgados correccionales no darí­an abasto. Peor aún, si se suspendiera un juicio y el autor reincidiera con el aerosol, se revocarí­a la suspensión a prueba y como se habrí­a cometido un nuevo delito deberí­a cumplir la pena. O sea, dos pintadas y a una sana y limpia cárcel del SPB. La (in)experiencia de Gómez refleja la situación de toda la provincia: sobre 600.000 Investigaciones Penales Preparatorias al año, no más de 60 corresponden a pintadas tipificadas como daños, es decir 0,01 de los delitos investigados por el ministerio público y la policí­a. La mayorí­a por graffiti. Ojalá el encomio y la diligencia del gobierno provincial y la policí­a en este delito sirviera para causas por crí­menes más frecuentes y en protección de bienes jurí­dicos más relevantes: tienen para elegir entre el 99,99 por ciento restante. Sólo es cuestión de ir afinando la punterí­a. Sí­, se puede, Marí­a Eugenia. (*) Publicado en Pagina 12 del domingo 13/03/2016.- [gallery link="file" columns="2" ids="74104,74103"]
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