La crisis financiera internacional y su impacto en la economí­a argentina

Por Horacio Rovelli

Estamos ante una crisis económica y financiera internacional de magnitud, que emerge en julio de 2007 tras la quiebra de dos fondos de inversión del Banco Bear Stearns de los EE.UU., a la que   le sigue, un año más tarde, el cierre definitivo de ese banco, y con él el derrape de importantes entidades del sistema de ese paí­s, entre ellos la Mutual y Caja de Ahorro WaMu; Lehman Brother; Merrill Lynch; Wachovia, crisis que obliga al gobierno de los EE.UU. a asistir a las dos grandes instituciones hipotecarias que tiene (Freddie Mac y Fannie Mae) y también a la aseguradora AIG; a aplicar una ley de redescuentos y aportes del Tesoro de los EE.UU. por u$s700.000 millones (de los cuales unos u$s250.000 millones se destinan a la compra de acciones de nueve empresas de primera lí­nea en dificultades, y otra suma igual para la compra de la cartera hipotecaria con problemas), más el ofrecimiento de los gobiernos europeos de disponer de un billón de euros para rescatar los bancos locales (ampliación de garantí­as de los depósitos y recapitalización de entidades), etc.

El impacto de la crisis financiera en la economí­a real se produce por el freno en las ventas y el incumplimiento en la cadena de pagos. Las limitaciones del crédito limitan las ventas en un paí­s como los EE.UU. en que se financia todo, de manera tal que los préstamos representan más del 100% del PBI (no es lo mismo para la Argentina, cuando el crédito sólo representa el 14% de lo que producimos).

Los incumplimientos tienen un “efecto dominóˮ o “cascadaˮ, que limita la recuperación de créditos de los bancos, quienes sufren a su vez la persistente pérdida de depósitos; por más que la FED trate de ayudarle, el daño es irreparable y se reproduce en la economí­a real por el freno de las actividades, la acumulación de stock, la suspensión o despido de personal, el “parateˮ de la producción.

La recesión de los paí­ses centrales se extiende al resto del mundo, máxime si tenemos en cuenta que el PBI conjunto de los EE.UU. y de la CEE es más del 40% de los bienes y servicios que se producen en el planeta, y su participación en el comercio internacional supera el 55 por ciento.   La reducción de la demanda interna de los paí­ses centrales implica disminuir las importaciones, lo que genera menores ventas de Asia (esencialmente Japón, China e India), que son sus principales vendedores. A su vez, esos paí­ses demandan menos bienes y servicios, con lo que terminan resintiendo los precios de los commodities. í‰sa es la razón por la que la crisis iba a alcanzar a nuestros paí­ses tarde o temprano.  

Pero el problema se acelera y agudiza por la integración que tienen a los mercados financieros y de capital internacional Brasil y Chile, con lo que las grandes entidades financieras que se cayeron una tras otra, y aun las que están en pie, lo primero que hicieron, para hacerse de recursos, fue desprenderse de los tí­tulos públicos y privados de los llamados, por ellos, paí­ses emergentes, entre ellos Brasil y Chile.  

El derrape de los valores públicos y privados de esos paí­ses arrastró su moneda, de manera tal que en Brasil hace dos meses atrás se cambiaba 1,65 real por un dólar norteamericano, y el 10/10/2008 la relación llegó a ser 2,5 reales por un dólar, hasta que intervino el Banco Central de ese paí­s, vendiendo más de u$s2.200 millones en un dí­a, para llevarlo a 2,3 reales por un dólar, significando una depreciación del 40% en dos meses.

Es cierto que la medida tomada por los paí­ses europeos y los EE.UU. de asistir a sus mercados produce cierto freno al proceso de crisis en sí­, pero hasta que no se sepa a ciencia cierta cuál es el valor de los activos en esos paí­ses, y con ello el valor de la moneda, la crisis, con sobresaltos, entrará en la fase de depuración y selección con lo que significa de destrucción de producción, de valor y de trabajo.

Dada la integración que tiene Brasil con nuestro paí­s, encabezando en los últimos años la inversión extranjera directa, más el Mercosur y el Unasur, de empresas transnacionales que operan en los dos paí­ses, es imposible pensar que si Brasil no logra estabilizar sus variables, y entre ellas el tipo de cambio, la Argentina no sufra el impacto de ello, por lo que las secuelas de la crisis se adelanta sobremanera e impacta en nuestras cuentas públicas (presupuesto de la administración nacional, programa monetario),   en el comercio y su financiación (balanza comercial y de pagos) y en los niveles de actividad.

EL PROBLEMA INFLACIONARIO

Lo que atenta contra el tipo de cambio real es el crecimiento de los precios internos. El único camino que se tiene para recomponer el poder adquisitivo de la divisa es ajustar su valor nominal por la inflación. Si eso no sucediera se perderí­a la “competitividadˮ lograda por el tipo de cambio adelantado.

El problema es que se corre el riesgo de que el proceso se retroalimente. Esto se aplica para la Argentina, dado que básicamente exportamos el mismo bien que consumimos, por ende si sube el valor de las divisas suben también los precios internos, aumentan los costos y cae el poder adquisitivo de los salarios y así­ sucesivamente, por lo que   si no se adoptan medidas a favor del salario y/o de control de los precios internos, implica disminución del mercado interno y pauperización de la población. Ergo, la depreciación de nuestra moneda obliga a que se ajusten los salarios en similar magnitud al ajuste cambiario, para garantizar el mercado interno y el nivel de vida de la población.

La crisis internacional, por su dimensión, impacta sobre todas las economí­as. En el caso de nuestro paí­s, que financia sus inversiones y nivel de producción básicamente con sus recursos internos, incluso hace frente a los intereses de la deuda y hasta podrí­a llegar a pagar los vencimientos de capital de fuentes internas, lo que lo posibilita no quedar atrapado de la faz financiera de la crisis. Sin embargo, sufre las consecuencias económicas y comerciales del impacto en la región y sobre todo en Brasil.

En ese marco, el Gobierno se   replantea el programa económico teniendo en cuenta el cambio de situación y las perspectivas ciertas que dicho cambio perdure varios años.   Para ello propone a los habitantes del paí­s nuevos parámetros y nuevos objetivos, donde el Estado debe ocupar un rol central para garantizar los ingresos de todos, sobre la base del trabajo, la inversión y la producción.

LAS PRINCIPALES MEDIDAS

Se trata de 8 (ocho) grandes medidas para defender el mercado interno, el trabajo y la producción nacional con el objetivo de seguir creciendo: “De la crisis se sale solamente con crecimiento económicoˮ, como se salió de la crisis del año 2001/02, pero a la vez se debe   impedir el ingreso masivo de bienes del exterior.

1) Obra Pública:   Llamado “Plan Argentinaˮ, que garantiza la prosecución de la obra pública. De menor a mayor, todos estos años la administración nacional fue destinando recursos para la obra pública. Pasado el lento tiempo de “maduraciónˮ de las mismas (proyecto, licitación, adjudicación, etc.) podemos observar que se llevan a cabo y conforman   en conjunto el 4% del PBI, con su directa implicancia en la demanda de acero, cemento, vidrio, mano de obra, máquinas y herramientas, etcétera.

En la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2008 se planificó una inversión pública similar a la del año 2007 (en tono del 11% del total del presupuesto), pero se le debe sumar las erogaciones previstas en el decreto 1.472/2008 de ampliación presupuestaria por $36.727 millones, que en un alto porcentaje (casi el 50%) se destinaron a obra pública, destacándose las partidas en obras de vialidad nacional (obras varias, corredores viales, ruta nacional 81), la construcción de escuelas, de obras de infraestructura para la distribución de agua potable, tendido de lí­neas de energí­a eléctrica, viaducto Laguna La Picaza, desagí¼es pluviales.

Las transferencias de capital a las provincias por ley Fonavi para la construcción de viviendas a los Institutos Provinciales de Vivienda y mejoramiento de barrios; rehabilitación de asentamientos irregulares; obras de apuntalamiento por inundaciones; vialidad provincial; transporte eléctrico, así­ como el acuerdo con las provincias para realizar obras de reparación de veredas, plazas, calles, cloacas.

2) Medidas de defensa del trabajo nacional: a través del Ministerio de Trabajo, que incluye seguimiento caso por caso para revertir las expectativas negativas de los empresarios, conformando un conjunto de medidas con apoyo del Tesoro y crediticio a través de los bancos oficiales, pero que no descarta la aplicación de sanciones cuando se toman medidas arbitrarias de despido de personal.

3) Medidas arancelarias y paraarancelarias, que van desde ampliar el listado de los bienes que requieren permiso (licencia) de importación, como la de la aplicación de defensa del mercado interno (antidumping),   la de elevar el Arancel Externo Común de los paí­ses del Mercosur, la aplicación de salvaguardas por diferencias cambiarias.

4) Compre Argentino: la aplicación de las leyes de Compre Argentino y la Ley de Desabastecimiento, para garantizar los suministros al mercado interno, básicamente de producción nacional.

5) Salarios mí­nimos e inclusión de nuevos jubilados: el Gobierno debe seguir la evolución de los precios de la canasta básica y ajustar salarios en esa magnitud, a la vez que debe continuar con la incorporación a los beneficios de la jubilación de aquellos que teniendo la edad no tienen la totalidad de los aportes.

6) Acuerdo cambiario: con los paí­ses de la región para que no se desate una carrera devaluatoria entre nuestros paí­ses.

7) Reducción del encaje de los depósitos en dólares: dada la crisis financiera, el dólar vuelve a ser una moneda de reserva de valor. Con buen tino el Gobierno propicia el ahorro en el sistema financiero local de esa moneda, con lo que a su vez financia las exportaciones, contrarrestando la falta de financiamiento. Paralelamente, se “calzanˮ las operaciones y se evita lo que sucedió en anteriores crisis del “descalceˮ de moneda, donde se “dibujabanˮ depósitos en dólares para no financiar nada.

8) Estatización de las AFJP: administran costosamente para sus afiliados una cartera de tí­tulos públicos y privados de unos u$s30.000 millones. Fruto de la crisis el valor de esos activos habí­a descendido bruscamente, generando pérdidas a los aportantes. El Gobierno, al hacerse cargo directamente de los fondos, ahorra por un lado la comisión a las AFJP, recupera la administración de tí­tulos públicos y garantiza “fondearˮ con esos recursos la obra pública, cuando las AFJP habí­an incumplido con la cláusula “qˮ que así­ las obligaba.

Horacio Ravelli | Economista de la FETyP