Pasadas las 22hs, la Policía Federal Argentina ingresó por la fuerza, reprimiendo a las comunidades universitarias que se mantenían en pie de lucha en las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales, Arquitectura, Filosofía y Letras, Ingeniería y Medicina de la UBA. Las consecuencias de la "Noche de los Bastones Largos" no se hicieron esperar: más de 1300 académicos fueron obligados a abandonar sus puestos laborales y a exiliarse al exterior, desencadenando una “fuga de cerebros”. A ello, se sumó el avance de decretos de censura, quema de libros y la vigilancia política de quienes mantuvieron sus cargos. La nueva intervención venía a controlar de cerca el "accionar subversivo" de la actividad académica nacional. Los modelos de ajuste económico no cierran sin represión. No es casual que Exactas de la UBA -que se ubicaba en la vanguardia de los aportes científicos y tecnológicos para el desarrollo de la informática y la industrialización en el país- fuera la Facultad más golpeada por un régimen congraciado con los grandes sectores de la economía primaria, es decir, con la dependencia económica como bandera.
La represión como política de Estado
La noche de los bastones largos y el paralelismo con el anarco colonialismo
El 29 de julio de 1966 la dictadura militar encabezada por el General Juan Carlos Onganía decretó la intervención de las universidades nacionales, la eliminación del cogobierno y la prohibición de la actividad política dentro de las mismas. El ataque a la autonomía universitaria y a los principios conquistados por la Reforma de 1918 concluyó en una masiva expresión de rechazo por parte de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires y la convocatoria a una reunión extraordinaria del Consejo Directivo de las Facultades para informar la situación a la comunidad de docentes, estudiantes, trabajadores e investigadores, quienes dispusieron la toma de los edificios.
Más de 1300 académicos fueron obligados a abandonar sus puestos laborales y a exiliarse al exterior.
No era la primera vez que el partido militar irrumpía en las universidades, pues 10 años antes mediante el decreto 4161, el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu impulsaba las listas negras que institucionalizaron la persecución política de miles de militantes peronistas, entre los cuales se encontraban docentes, científicos e investigadores que sufrieron la censura. En aquellos años también se eliminó la Confederación General Universitaria (CGU), un organismo estudiantil que buscaba llevar adelante mediante la educación superior el modelo argentino de desarrollo impulsado por el General Juan Perón.
Hay otro modelo posible
El Nunca Más para el '66 de la UBA nos obliga a tomar posicionamientos claros frente a un contrato democrático que el actual gobierno de Javier Milei pretende volver a quebrar. Hubo un proyecto de país que tenía la ciencia y la educación como banderas. Las políticas públicas dan cuenta de la búsqueda por la construcción de la soberanía y la independencia, valorando la ciencia y educación como motores del desarrollo. Concibe un sector científico que debe crecer y articularse en interacción con los sectores productivos nacionales, apostando a revolucionar la matriz productiva nacional y buscando generar empleos más calificados.
Sin embargo, todo esto no se logra en lo abstracto: en 2003, el déficit de infraestructura para la ciencia argentina era de 120.000mts²; desde el 2007, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, garantizó en el marco del Plan de Obras para la Ciencia y la Tecnología, más de 45.000mts²; y fomentó la repatriación de 972 científicos que vivían y ejercían su profesión en el exterior, a partir de la promulgación de la “Ley RAICES”. Al cumplirse la "década ganada" en el año 2013, el número de becarixs, técnicxs e investigadores ejerciendo en nuestro país se había triplicado, en consonancia con los crecimientos presupuestarios y de financiamiento a las carreras de jerarquización profesional en investigación y desarrollo (I+D).
En paralelo, se tomó como bandera aquella frase de Perón, afirmando que para el modelo de Estado peronista, "la conquista más grande fue que la universidad se llenó de hijos de obreros, a donde antes sólo estaba admitido el oligarca". Durante los 12 años del Modelo Nacional y Popular, 17 universidades fueron abiertas, garantizando que cada provincia tuviera su propia casa superior de estudios. Esto se vió reflejado no sólo en el incremento de la matrícula estudiantil, sino también en la posibilidad para miles de personas de convertirse en la primera generación de universitarios en sus familias. La universidad para todxs, pública y gratuita como garantía de movilidad social ascendente, sin las lógicas del mercado expulsivo, indignaba fuertemente a algunos sectores, como alguna vez Mauricio Macri cuestionó "¡¿qué es esto de universidades por todos lados?! Basta de esta locura". Una pregunta que se explica cuando un país se piensa a sí mismo, desarrolla conocimiento soberano y fortalece un Estado que impulsa las capacidades de sus ciudadanos, sin importar su origen social.
El contexto que nos impulsa a estar más presentes que nunca
La primera vez que el presidente Javier Milei presentó su mapa del Estado, le dijo ¡Afuera! a la ciencia y la tecnología, afirmando que era algo que únicamente debe impulsarse desde el sector privado. Una vez llegado a la Casa Rosada, Milei parece imitar a su ídolo de los años 90, el ex Ministro de Economía Domingo Cavallo, quien ante el reclamo de aumento salarial para los investigadores del CONICET, los mandó “a lavar los platos”. La actual gestión nacional impuso tanto la eliminación de los Ministerios de Ciencia y Tecnología, y la degradación en Secretaría del Ministerio de Educación, como también el rechazo a la apertura de cinco nuevas universidades en el conurbano bonaerense y el interior del país. En los últimos meses asistimos al retorno de una nueva fuga de cerebros. La precarización laboral empuja a que los investigadores ejerzan fuera de nuestro país, disminuyendo gravemente el recurso humano, que se suma al desfinanciamiento que no es solamente advertido por la comunidad científica a nivel nacional, sino también internacional, evidenciado en una carta firmada por 68 científicos de diversas disciplinas laureados con el Premio Nobel. A todo el mundo parece importarle, salvo al Presidente y sus funcionarios.
La actual gestión impuso la eliminación de los Ministerios de Ciencia y Tecnología, y la degradación en Secretaría del Ministerio de Educación.
Mientras tanto, las universidades se encuentran en estados de alerta y movilización, ante cada vez mayores recortes que hacen peligrar incluso la continuidad de las clases en diversas casas de estudios superiores en todo el territorio nacional. La marcha federal universitaria del 23 de abril de 2024 demostró el apoyo de vastos sectores de la sociedad, entendiendo la importancia que la academia tiene en la construcción de nuestra comunidad, y en su valor como un factor importante en la movilidad social ascendente.
La decisión política de reducir el presupuesto universitario y desfinanciar el sistema científico-tecnológico nacional vuelve a ser parte de una avanzada de las derechas contra la universidad pública, gratuita y cogobernada, como símbolo del conocimiento en beneficio de los intereses del país y del acceso a mejores futuros para las mayorías. Las lógicas del ataque no son una mera tensión en la ecuación financiera, sino que instalan el desprecio contra el pensamiento crítico y las comunidades universitarias organizadas. Nuestras fuerzas deben sostener la resistencia ante el avance de estos discursos y recortes que impiden nuestro desarrollo. Ya lo dijo Cristina Fernández de Kirchner: "Cuando un gobierno tiene ideas cortas, necesita bastones largos".
