Según la investigación en curso, producto de la denuncia realizada por el propio Podemos, a partir de 2014 los funcionarios del PP utilizaron los recursos del Estado para acceder a bases de datos confidenciales con el objetivo de conseguir cualquier tipo de información que pudiera ser usada para deslegitimar y callar a Podemos que, hacia 2015, ya había ganado la fuerza suficiente para formar parte de un futuro gobierno de coalición con PSOE y sacar al PP del poder. El espionaje se extendió por 57 comisarías de toda España e incluyó desde unidades especiales de la policía hasta patrulleros.
Así, hubo un uso irregular de la administración pública para el beneficio propio mediante el espionaje ilegal. En este caso, de la policía para atacar a otro partido político que se presentaba como una alternativa de representación a las demandas populares de la sociedad española. El principal objetivo del PP era empezar una guerra mediática contra Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra y Podemos en general, para instalar y moldear en la opinión pública la idea del “peligro” que representan los dirigentes de izquierda y populares, y horadar las esperanzas que millones de ciudadanos depositaban en una propuesta distinta, surgida al calor del reclamo popular.
Un mecanismo similar al que utilizan los sectores de poder en nuestro país, donde la dirigente política más importante y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido y sigue siendo foco de innumerables ataques mediáticos y judiciales que terminaron en un intento de magnicidio y su proscripción política.
El objetivo siempre es el mismo: buscan disciplinar a los militantes políticos para que nadie más se atreva a tocar los intereses de los grandes grupos de poder. Estos ataques generan un clima de violencia en las sociedades, y habilitan el hostigamiento y el acoso, deshumanizando al adversario político y convirtiéndolo en enemigo.
Lamentablemente, tanto en España como en Argentina, y en toda Latinoamérica, la derecha, cierta parte del poder económico y la mafia judicial son aliados en la estrategia de persecución política para acabar con los proyectos políticos transformadores mediante el Lawfare y el ataque mediático permanente. Estas acciones representan, como dijo la compañera Irene Montero, “un auténtico golpe a la democracia” y fortalecen los discursos de odio, para lograr por otros medios lo que no pueden lograr en las urnas.
Ante esto, es tarea de los movimientos populares en todo el mundo enfrentar la violencia y la crueldad que nos propone la ultraderecha fortaleciendo lazos de solidaridad y empatía en nuestras sociedades. Por eso, nos solidarizamos con los compañeros y compañeras de Podemos, con quiénes militamos a la par por la construcción de un mundo mejor.
