En este caso, se trata de un ataque directo a la paritaria nacional docente. Como miembros de la comunidad educativa, entendemos esto como un nuevo ajuste a nuestra educación, ya que creemos que los salarios docentes dignos constituyen un pilar fundamental para educación pública, gratuita y de calidad.
La paritaria nacional docente se encontraba, hasta el miércoles 17 de enero, regulada en general en el art. 10 de la ley 26.075:
“(ˮ¦) EL MINISTERIO DE EDUCACIí“N, CIENCIA Y TECNOLOGíA (ˮ¦) las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, (ˮ¦) c) salario mínimo docente (ˮ¦)ˮ
Y en especial en el decreto regulatorio de la misma, Decreto nacional 457/07 en cuyo artículo 6 se establecía:
“(ˮ¦) El convenio marco regulado por el artículo 10 de la Ley Nº 26.075 comprenderá todas las cuestiones laborales generales que integran la relación de empleo de los trabajadores docentes de las jurisdicciones provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, tanto las de contenido salarial como las demás condiciones de trabajo, debiendo considerar como mínimo las siguientes: a) Retribución mínima de los trabajadores docentes; b) Materias de índole económica, laboral, asistencial, previsional, y en general las que afecten las condiciones de trabajo(ˮ¦) Las partes podrán solicitar al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la realización de una nueva convocatoria para el tratamiento de cuestiones vinculadas a las materias previstas en el artículo 10 de la Ley Nº 26.075, que no resulten reguladas en el convenio marco que se suscriba como consecuencia del presente(ˮ¦)ˮ
El decreto Nacional 52/2018 publicado en el Boletín Oficial, modifica este artículo, removiendo el “inciso a) Retribución mínima de los trabajadores docentesˮ y reemplazándolo por un monto resultante de la suma de un 20% al salario mínimo congelado desde diciembre del 2016. Con esto, se busca clausurar la discusión anual acerca de los salarios docentes de forma arbitraria e inconstitucional.
Como si esto fuera poco, el decreto también altera la composición de la mesa de negociación salarial, en detrimento de CTERA, la asociación sindical que nuclea a la mayor parte de lxs trabajadorxs de la educación con 420.000 afiliadxs. Esta modificación, tira por tierra lo establecido en la Ley de Asociaciones Sindicales, que fija la necesidad de definir los lugares de representatividad gremial en las mesas de negociación de acuerdo al porcentaje de afiliados.
La Argentina asumió en 1994 compromisos internacionales que impiden el retroceso en materia de derechos adquiridos en ámbitos relativos, por ejemplo a los derechos económicos, sociales y culturales dentro de los cuales ingresan la educación y el trabajo. Es decir que la violación de disposiciones legislativas transita de la grosera contradicción con compromisos internacionales hasta la colisión con la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y la ley 23.544 que ratifica el Convenio 154/81 sobre Fomento a la Negociación Colectiva, redactado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Macri y sus ministros Triaca y Finocchiaro buscan desguazar una red legislativa de contención a los salarios docentes, que reflejaba en la ley un proyecto de país en el que la educación pública, universal y gratuita era uno de sus pilares fundamentales. Dicho diseño, puesto en marcha hace 70 años por Perón, retomado efímeramente por Cámpora en 1973 y consolidado en los gobiernos de Néstor y Cristina dividió para siempre las aguas y puso en un lugar de incomodidad a los enemigos del pueblo. Este sector minoritario pero poderoso, que siempre apostó a la desinformación de las grandes masas de Argentinos, a horadar su formación y a la sustitución del sentido crítico por el conformismo, ha re-adaptado el viejo apotegma justicialista de “donde hay una necesidad, nace un derechoˮ a “donde hay una necesidad, nace un negocioˮ, como bien expresó hace poco tiempo Eduardo López, docente y secretario general de U.T.E.
Cabe la insistencia respecto de la guerra franca entablada por los representantes circunstanciales de la derecha anti-patria con el movimiento obrero organizado expresado en gremios, como el que conglomera todo el arco docente, que de manera muy loable ha dado muestras en estos últimos dos años de su intransigencia frente a los intentos aliancistas PRO-UCR de romper el tejido educativo argentino.
Los motivos de este encono no desafían la imaginación. La ecuación es muy simpleˮ¦ mientras más desorganizado y desacreditado este el movimiento obrero y sus dirigentes, mayor la facilidad de los ocupas ferales que hoy dirigen el Estado para hacer pasar sus normativas regresivas.
Este ataque no sólo se encona desde el Gobierno Nacional, sino que tiene su repercusión en la provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora Maria Eugenia Vidal desde la página web de la provincia(un espacio institucional) invita a lxs docentes a desafiliarse cada vez que estxs deseen descargar sus recibos de sueldo. Si no fuera parte de un plan extorsivo, parecería hasta cómico por lo burdo, pero en el contexto que vivimos estamos rodeados de maniobras que buscan doblegar a los sindicatos que lejos de hacer “tiempismoˮ y tranzar con el macrismo, se plantan y salen a la calle a defender los derechos de sus afiliadxs.
Como estudiantxs y militantes universitarixs nos sentimos profundamente afectadxs por estas medidas. Todo aquello que afecte a lxs trabajadorxs de la educación repercute directamente en la calidad educativa, esclarece el perfil del gobierno de turno y su postura frente a los temas nodales de la sociedadˮ¦ Este es oligárquicoˮ¦ ósea para pocos.
Acompañamos el reclamo de lxs trabajadorxs de la educación y solicitamos la revisión de las medidas tomadas.
La Cámpora Universidad de Buenos Aires
