Política

Macri le da la espalda a las ví­ctimas de la voladura de Rí­o Tercero

Hoy se dio a conocer que el gobierno de Mauricio Macri apeló ante la Corte Suprema el Fallo de la Cámara Federal de Córdoba que ordenaba reglamentar una Ley impulsada en 2015 por el Diputado Nacional, Eduardo ‘Wado’ De Pedro, que ordenaba la indemnización a más de 10 mil damnificados por la voladura intencional de la Fábrica Militar de Rí­o Tercero, ocurrida en 1995.
por La Cámpora
31 mar 2017
La norma fue promulgada ese mismo año por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner pero ahora el gobierno de Cambiemos se niega a respetar la Ley votada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso. De Pedro, autor de la Ley, sostuvo que “es una constante de este gobierno darle la espalda a las ví­ctimas. Ya lo hacen con las ví­ctimas del Terrorismo de Estado y con las de la AMIA, ahora los hacen con las de Rí­o Terceroˮ. El diputado kirchnerista le exigió al gobierno de Macri que “deje de darle la espalda a las ví­ctimasˮ y “que cumpla con la ley y le pague las indemnizaciones a las cientos de personas damnificadas por aquel atentadoˮ. Por su parte, la diputada por Córdoba, Gabriela Estévez, sostuvo que “estamos en presencia de un gobierno que va "hasta el final" -como supo decir el Presidente ante el conflicto por los derechos de los docentes- cuando se trata de escatimar recursos a polí­ticas reparatorias o que reivindiquen derechos. Pero que no duda en entregar nuestras reservas y recursos cuando se trata de beneficiar a los poderes concentrados o a las empresas en las que sus funcionarios tienen intereses comprometidosˮ. “Rí­o Tercero y todos los cordobeses tenemos una herida que todaví­a sangra. Resulta en una terrible injusticia que el Gobierno Nacional pretenda desentenderseˮ, agregó la legisladora del Frente para la Victoria. La voladura de la Fábrica militar de Rí­o Tercero, Córdoba, ocurrió el 3 de noviembre de 1995. En el hecho murieron siete personas y más de 300 resultaron heridas. En 2014 el Poder Judicial determinó que fue un hecho “intencional, organizado y direccionadoˮ para ocultar el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Cuatro militares fueron sentenciados a penas de prisión de entre 10 y 13 años. El gobierno de Macri vuelve a rehuir de sus responsabilidades. Y en ese caso con el agravante de dejar desamparadas a más de 10 mil familias argentinas que sufrieron las consecuencias de un atentado perpetrado por el propio Estado.
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