En ese contexto, arguyen que la marcha federal universitaria ya no tiene razón de ser y que se trataría de una casta actuando corporativamente y asustando al estudiantado para defender oscuros intereses. Una vez más, el gobierno nacional miente y difama descaradamente.
Como era de esperar, desde el CIN comunicaron públicamente que no habían acordado nada con el gobierno y los distintos sectores de la comunidad educativa ratificaron la convocatoria a la marcha del martes 23 de abril. Esta posición es completamente lógica ya que la recomposición anunciada por el gobierno es una pantalla que en nada modifica la situación presupuestaria. Solo busca confundir.
Para entender por qué la recomposición del gobierno no cambia el panorama de desfinanciamiento, hay que aclarar que el presupuesto de las universidades se compone de distintas “actividades” y dicho aumento sólo aplica a dos de ellas: gastos de funcionamiento y hospitales universitarios (las cuales solamente corresponden a un 7 por ciento del total del presupuesto). Mientras tanto, el grueso del presupuesto universitario no obtiene ningún aumento. Por ejemplo, se encuentra congelada la partida de pago de salarios docentes y no docentes que representa casi el 85% del presupuesto de las universidades.
Como resultado, al mantener congelado el 93% del presupuesto y darle al 7% restante un aumento menor de la inflación, el ajuste al conjunto del sistema universitario supera el 70%, lo que constituye un ataque inusitado que, de concretarse, generaría que las universidades no puedan sostener las clases en el segundo cuatrimestre.
Por lo tanto, este anuncio de un incremento marginal en el presupuesto es un intento por parte del gobierno de confundir a la sociedad para quitarle fuerza a la marcha del próximo martes, del mismo modo que atacan y confunden cuando hablan de adoctrinamiento en las aulas. Lo único real es que hay un ataque a las universidades y que el presupuesto sigue 70 puntos abajo que el año pasado, sumado a la altísima inflación.
En ese marco, incluso con las universidades abiertas, los sueldos docentes seguirán disminuyendo fuertemente (ya cayeron un 30% con respecto al año pasado). En un contexto como el que se avecina, con sueldos docentes congelados y un desfinanciamiento estructural, la calidad de la educación empeoraría gravemente.
¿Qué pasaría en Argentina si el sistema universitario fuera privatizado? ¿Qué ocurriría con la movilidad social ascendente que promete su gratuidad? ¿Quién cumpliría el rol de proyectarse socialmente sobre el conjunto de la ciudadanía y formaría las capacidades que Argentina necesita para desarrollarse económicamente con justicia social? La producción y el acceso al conocimiento serían privatizados y subordinados al lucro, en detrimento de las necesidades nacionales.
Solo un gobierno que aspire a una patria subordinada, pobre y sin movilidad social puede promover su vaciamiento. No podemos permitir que la destruyan. Nos vemos el martes 23 en la marcha federal universitaria.
