El gobierno libertario justifica la disolución de estos tres fondos por razones enmarcadas en las facultades otorgadas por la Ley Bases que permite modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos. Lo dijimos y repetimos hasta el cansancio: esta Ley vino a empeorar las condiciones de vida de la gente y hacerle la vida aún más cómoda a los amigos del poder, que con Milei en Casa Rosada tienen cheque en blanco para hacer lo que quieran con nuestro ambiente y seguir llenándose los bolsillos de plata.
Una vez más, queda bien en claro la importancia de contar con diputados y senadores que no se den vuelta como una media cuando llegan al Congreso habiendo formado parte de listas que promueven la defensa de derechos que después vulneran con sus votos.
El FOBOSQUE y su rol clave en la protección de los bosques nativos
En particular, el Fondo Nacional de Emergencias y el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos fueron creados para atender situaciones críticas en materia de desastres y protección ambiental, respectivamente, y cumplen un rol clave en momentos de crisis climática como la que vivimos actualmente.
Empecemos por el principio. ¿Para qué cuidar los bosques nativos?
En el 2007 se sancionó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. Esta Ley resulta fundamental principalmente porque los bosques brindan servicios ecosistémicos esenciales para el bienestar de la sociedad: conservación de la biodiversidad, protección del agua, provisión de madera, regulación del clima, mantenimiento de la calidad del aire, control de la erosión del suelo y, como son parte del ambiente al igual que el ser humano, poseen un gran valor social y cultural siendo hogar y refugio de muchas comunidades.
El avance de la deforestación y los incendios intencionales para implementar grandes actividades agropecuarias, forestales, e inmobiliarias, genera graves consecuencias sociales, económicas y ambientales, que ponen en riesgo el bienestar de las comunidades, la cultura y la diversidad biológica. Diversos estudios y estadísticas trabajadas por investigadores y docentes de Universidades Públicas sostienen que el impacto de la implementación de la Ley es positivo para enfrentar la deforestación en nuestro país.
En ese sentido, en el Artículo 30 de la Ley de Bosques, se crea el “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos”, con el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos por los servicios ambientales que éstos brindan. En el 2018 se crea el “Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos” (el FOBOSQUE), para administrar esos fondos con el objetivo de mejorar la transparencia y eficiencia en su uso.
¿Cómo se compone ese fondo? Del total del presupuesto asignado para el cumplimiento de la Ley, cada provincia recibe un porcentaje en función de su ordenamiento territorial de bosques nativos. De ese total, el 70% se destina a los titulares de tierras con bosque nativo a contraprestación de los planes de manejo y conservación, presentados por estos y autorizados por el organismo ambiental provincial (pago por servicios ambientales brindando recursos a los privados por la conservación de los bosques en las tierras de su propiedad) y el 30% restante se destina al fortalecimiento institucional de las provincias.
Este mecanismo permitía una mayor agilidad en la transferencia de los fondos que el gobierno nacional debía girarle a las provincias y garantizaba que el presupuesto destinado a la protección de los bosques nativos sea exclusivamente utilizado para ello, sin la posibilidad de ser redirigidos para otros sectores del Estado. Además, preservaba los fondos de la devaluación, permitiendo que el país posea una protección efectiva de sus bosques nativos, cumpliendo con la normativa nacional y los compromisos asumidos internacionalmente. Con su disolución, si los fondos no son utilizados por las provincias en un año fiscal, Caputo puede hacer lo que quiera.
Sin dudas, la eliminación de este Fondo Fiduciario genera un impacto negativo en el ambiente, vulnerando el derecho de los habitantes a gozar de un ambiente sano y equilibrado, en el marco del Artículo 41 de la Constitución Nacional. Una decisión de esta índole no solo va a contramano de las crisis climática y ecológica que estamos atravesando, sino que pone fin a un instrumento esencial para resguardar de la especulación a un bien común natural muy valioso a nivel global. Como todo hace juego con todo, es evidente la voluntad extractivista en favor de los grandes grupos económicos que tiene este Gobierno: DNU 70, Ley Bases, RIGI, etc… Cada política que toma este gobierno responde a los intereses de los pocos que se enriquecen a costa de nuestros bienes comunes naturales y con una contracara negativa directa para la otra gran mayoría de argentinos y argentinas.
Eso que Máximo Kirchner llamó flexibilización ambiental, se anota otro capítulo en esta era libertaria en Argentina.
El topo que vino a destruir el Estado desde adentro, está promoviendo tierra arrasada para sembrar los negocios de los que ganan siempre. Mientras desfinancian las universidades y cierran hospitales de salud mental con pacientes internados, siguen promoviendo la desregulación y desarticulación del Estado para la profundización del modelo extractivista y saqueador.
