Las problemáticas que atraviesan la cuenca y a las personas que la habitan son complejas. Las políticas públicas que el Estado nacional, provincial y CABA ejecutan sobre este territorio son el resultado de un proceso histórico, político e institucional que tiene su inicio en el año 2004 a partir de un acta acuerdo entre la Nación, la Provincia de Buenos Aires, CABA y los 14 Municipios involucrados, propiciado por el entonces Presidente Néstor Kirchner. Dicho acuerdo, que resultó ser la base para la discusión y sanción de la ley de creación de la ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), en paralelo al proceso judicial que se originó por la demanda de los vecinos de Villa Inflamable, Avellaneda. y que luego derivó en el ejemplar fallo en materia ambiental conocido como “Causa Mendoza”. Este fallo, que estableció ocho mandas de intervención, se constituyó en el elemento rector de la política pública ejecutada sobre el territorio más contaminado de la República Argentina donde habitan más de 4.500.000 de personas.
El pasado 22 de octubre, a 20 años de la activación de un proceso de toma de decisión política e intervención concreta único por parte del sistema público argentino, la Corte Suprema de la Nación decide de manera unilateral dar por concluida su participación, no dejando en claro los procedimientos para continuar con lo empezado, para impedir la regresión de los logros y para intervenir en lo que aún no se ha prodigado, queda en manos del ejecutivo definiciones como obras, presupuesto, mesas de trabajo que se venían haciendo en el marco del seguimiento de la corte y los dos juzgados. Soltando la mano a más de 4 millones de personas que aún sufren muchas de las condiciones de vida que resultan fundamento de aquel fallo cuando “judicializar la política” en el caso del Riachuelo resultó atractivo al Poder Judicial.
Esta decisión resulta llamativa y alarmante en un contexto en el que el Presidente de la Nación expresa públicamente que las empresas pueden contaminar un río, ya que sobra el agua.
En el mundo entero hoy se debaten intensamente las acciones que los Estados y la comunidad deben tomar para velar por la conservación de la biodiversidad, la salud de las personas, la disminución de la contaminación que afecta a los ecosistemas y entonces a la vida… otra vez a contramano del mundo.
Los dos objetivos de cumplimiento sobre los que hoy se sustenta la Corte para argumentar su corrimiento, creación de ACUMAR y aprobación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), están cumplidos desde hace más de 14 años y no fueron nunca objeto de cuestionamiento. Además desde el 2008 a esta parte, el máximo tribunal ha monitoreado el cumplimiento de su causa y fallado en múltiples oportunidades sobre el incumplimiento a las metas planteadas. ¿Por qué ahora toman esta decisión que resulta hasta contradictoria y poco creativa hasta con su propio accionar?
El fallo actual contradice resoluciones previas de la Corte, las cuales establecieron un seguimiento continuo de la sentencia de 2008 mediante informes y audiencias públicas, y que todavía quedan mandas judiciales incumplidas.
Persisten problemas en la calidad del agua, aire y suelo, y no se han completado obras de infraestructura esenciales como redes de agua potable y cloacas. Además, que se haya creado el organismo y que su política pública haya sido definida no significa en modo alguno que los derechos de los damnificados se encuentren a salvaguarda y mucho menos que el cambio estructural que suponía la implementación del Plan Integral de Saneamiento se haya consolidado.
Los avances en la cuenca son considerables, aunque han tenido sus estancamientos durante el gobierno de Mauricio Macri y desde que asumió el actual gobierno, pero aún quedan objetivos por cumplir, obras por llevar adelante, presupuesto por invertir y acciones concretas por realizar. Con esta definición, en el actual contexto, todo esto corre riesgo.
¿Cómo se puede tomar esta decisión, que deja un organismo tan importante para los vecinos de la cuenca en manos de un gobierno negacionista de los temas ambientales y que promueve el saqueo de nuestros bienes comunes? Y … ¿Cómo se sigue?.
