El despido de cientos de trabajadoras y trabajadores de los CAJ implica el cierre de todas las oficinas y que miles de vecinas y vecinos de barrios populares de la ciudad se queden sin una herramienta clave para acceder a sus derechos constitucionales.
Desde el año 2008, en todo el país, los CAJ son parte fundamental del entramado social, ya que día a día sus trabajadores y trabajadoras asesoran legalmente a jubiladas y jubilados, a jóvenes, madres, padres y adolescentes de forma gratuita. Allí también se realizan mediaciones comunitarias, trámites virtuales, facilitan turnos médicos, intervienen en problemas de vivienda y un sinfín de tareas que hacen al efectivo cumplimiento de derechos fundamentales.
El acceso a la justicia es un derecho que tienen todos los argentinos y las argentinas. El Estado debe desplegar todos los esfuerzos necesarios para su efectivo cumplimiento, y no desmantelarlos como hace el actual gobierno libertario, retrotrayendo al pueblo y a los sectores más vulnerados a un cruel estado de anarco colonialismo.
El día a día de estas oficinas lo llevan adelante equipos interdisciplinarios de abogados, psicólogos, trabajadores administrativos y sociales que escuchan y atienden de forma profesional las problemáticas, demandas y necesidades de los vecinos. Naturalmente, la presencia de estas oficinas perjudica aún más a las personas que viven en los lugares más postergados y no les da lo mismo tener un CAJ en su barrio que no tenerlo.
“Esto es muy grave, nos están prohibiendo la posibilidad de tener derechos básicos. Quienes vivimos acá repudiamos esta decisión del Ministerio de Justicia de cerrar los centros de acceso a la justicia y echar a sus trabajadores porque para nosotros es muy importante para acceder a documentación o a psicólogos, abogados y trabajadoras sociales que ayudan a hacer diversos trámites”, expresó Soledad Alonso, vecina del Barrio Inta de la Comuna 8.
En el 2008 fue precisamente en respuesta a un sistema judicial que históricamente excluyó a los que menos tienen que Cristina Fernández de Kirchner creó los Centros de Acceso a la Justicia. La efectivización de esta política pública significó para millones de argentinas y argentinos la puerta de entrada a un sistema que le daba la espalda.
Debemos decir que esto no nos sorprende: Milei puso de moda la crueldad cómo método de gobierno. No es casual que en este contexto de emergencia económica y social, de desalojos, quita de subsidios, libertinaje de precios, el estado retire una de las pocas herramientas que cuida al pueblo.
