Desde que Javier Milei asumió la presidencia, los pedidos de acceso a la información pública revelaron estadísticas, datos oficiales y hechos que previamente permanecían ocultos, como los ingresos a la Quinta de Olivos, los alimentos guardados en depósitos del Ministerio de Capital Humano y el dinero gastado en viajes presidenciales. Este decreto, cuya urgencia es cuestionable, vulnera derechos adquiridos por nuestro pueblo.
Tras la crisis del año 2001, la sociedad percibía que quienes gobernaban no representaban los intereses de la mayoría, sino los de los grandes grupos de poder. Néstor Kirchner devolvió ese poder al pueblo con medidas como el Decreto 1172/2003, que estableció el primer marco nacional para el acceso a la información pública.
A partir de entonces, comienza un recorrido de aumento de la transparencia y fortalecimiento del Estado presente en Argentina, que culmina en la sanción de una ley de acceso a la información pública en el año 2016 y respaldada por la Corte Suprema. Entonces, ¿para qué decide este gobierno avanzar con estas modificaciones?
Para evitar que se le hagan preguntas incómodas o que se revelen las acciones de sus funcionarios. El acceso a la información es fundamental para la defensa de nuestros derechos y, especialmente, de nuestros bienes comunes naturales. Para lograr lo que Máximo Kirchner llamó la triple flexibilización -laboral, tributaria y ambiental-, el gobierno necesita ocultar o dificultar el acceso a cierta información, actuando a espaldas del pueblo.
Desde principios de año, las organizaciones políticas y ambientales advertimos sobre cómo este gobierno negacionista venía a entregar nuestros bienes comunes naturales. Contrario a lo prometido en campaña, la "Libertad Avanza" solo avanzó en la vulneración de derechos, consolidando lo que Cristina Fernández de Kirchner denominó como el "estatuto legal del coloniaje del siglo XXI", reflejado en el RIGI y la Ley de Bases.
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) permite a las empresas transnacionales explotar recursos claves de nuestra economía sin obligación de generar trabajo local, usar maquinaria argentina o someterse a evaluaciones de impacto ambiental. Esto se refuerza en el artículo 7 del Pacto de Mayo y en acciones como la desjerarquización del Ministerio de Ambiente y los ataques, por ejemplo, a la Ley de Manejo del Fuego.
Si bien la Ley de acceso a la información pública ambiental (Ley 25.831) no fue derogada, la restricción del derecho a la información es un ataque más a nuestros derechos en la construcción de una ciudadanía informada y empoderada.
El gobierno va generando las condiciones para regalar nuestros bienes comunes naturales al mejor postor. Primero el DNU 70/2023, luego la Ley Bases, enunciaciones de funcionarios denostando la militancia ambiental y ahora este decreto que vulnera nuestro derecho a acceder a la información pública general. En un contexto global de creciente preocupación por el cambio climático, acciones como estas deben despertar especial atención.
En mayo de este año y en conjunto con un sin número de organizaciones ambientales enviamos una nota a senadores y senadoras pidiéndoles su voto en contra la Ley Bases y advirtiendoles que cuestiones como las que motivan esta nota estaban en juego en nuestro país.
Lamentablemente no nos equivocamos. Este decreto introduce modificaciones, entre ellas:
- Blindaje de datos: Confidencialidad de ciertos datos por 10 años por razones de defensa, política exterior o seguridad interior.
- Discrecionalidad del gobierno: Capacidad del gobierno para decidir qué información es de interés público, limitando el acceso a datos clave sobre temas ambientales.
- Menos transparencia y participación: Estas restricciones impiden la participación efectiva de las comunidades y la capacidad de solicitar información de manera continua.
Desde el Frente Ambiental de La Cámpora sostenemos que defender nuestros bienes comunes naturales no es una agenda de minorías, sino una acción urgente para discutir un modelo económico que no profundice la exclusión social. La construcción democrática y ambiental lleva décadas de discusión global y nuestra tarea será la de defender lo alcanzado y militar por el buen vivir de nuestras comunidades.
