En un país cuyas mujeres fueron las grandes ausentes del Presupuesto 2018 y que se encamina hacia la aprobación de una Ley de Leyes cuyo ajuste impactará en los derechos de las mujeres en 2019, la desidia del Estado se cobró una vida más.
Es así que la vulnerabilidad social se llevó a A.R.A., una niña de apenas 13 años de la etnia wichí que falleció el pasado miércoles en el hospital Julio C. Perrando de la ciudad de Resistencia, Chaco, tras un cuadro de desnutrición crónica e infección respiratoria que se profundizó con el estado de gestación.
A.R.A llegó al nosocomio con un embarazo de 30 semanas producto de un abuso sexual, y murió a causa de un fallo multiorgánico luego de que le practicaran una cesárea de urgencia que resultó con la muerte de su bebé prematuro.
La niña convivía con su pareja desde hace dos años en El Sauzal, un paraje de El Impenetrable situado a más de 500 km de la capital provincial, donde solo se cuenta con un puesto sanitario y el acceso al sistema educativo es casi nulo, en un estado total de precariedad social y habitacional, y atravesada por la completa vulneración de sus derechos.
Las cifras sobre la mortalidad materna en el Chaco son alarmantes, ya que en su último estudio Unicef afirmó que en lo que va del 2018 murieron 15 mujeres gestantes en la provincia, y según la Secretaría de Salud de la Nación, esta lidera la tasa de nacimientos entre madres de 10 a 14 años. Los números son aún más graves si se considera que más del 10% de esas jóvenes chaqueñas, menores de 20 años, son analfabetas o no llegaron a completar el nivel primario de instrucción.
Como se advirtió desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, A.R.A. fue víctima de la vulneración de cada uno de sus derechos, como el acceso a la información elemental para consentir un embarazo, la interrupción legal del mismo y la presencia de un intérprete o traductor que pudiera derribar la barrera del idioma, en el marco de un Estado que inescrupulosamente sigue sin hacer cumplir los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos (como la Convención de los Derechos del Niño, la Convención para le Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer).
Esto sucede mientras seguimos manteniendo discusiones egoístas e individualistas, que nos hacen desviar el eje de las responsabilidades y obligaciones que como sociedad tenemos de generar un Estado presente en materia de cuidado y protección de nuestros niños, niñas y adolescentes.
El caso de esta joven de apenas 13 años deja al descubierto lo que trae consigo el abandono hacia los sectores más vulnerables y la incompetencia de un Estado que no supo cubrir sus necesidades, ya sea por falta de recursos o de alcance de políticas públicas.
Mientras sigamos debatiendo cuál es el rol que debe cumplir el Estado, mientras sigamos discutiendo el alcance de la educación y violando el derecho al acceso a una información adecuada, más casos como el de A.R.A. seguirán sacudiendo a la sociedad. Resulta cada día más urgente considerar y entender como derechos humanos primordiales el acceso a la información, el cuidado y la protección de nuestros cuerpos y el derecho a decidir sobre los mismos.
En este contexto, la real y efectiva implementación de la Educación Sexual Integral en cada rincón del país se manifiesta como una necesidad imperante, una cuestión de salud pública que no puede ni debe quedar en la utopía.
