La finalización del tercer trimestre del año no sólo coincide con el comienzo de un nuevo ciclo de injerencias por parte del FMI en la política económica de nuestro país, sino también con la elevación del presupuesto 2017 en donde se establece una mayor pauta de endeudamiento internacional. El resultado negativo de esta combinación es bien conocido por nuestra sociedad.
Si a estas definiciones de política económica “macroˮ, le agregamos el deterioro social “microˮ que atraviesa gran parte de la población producto de las políticas implementadas por la administración Cambiemos en el primer semestre del año, nos ubicamos en un punto de sombrías perspectivas para el futuro. Por más expectativas que se haya generado en el mini Davos, todos los indicadores hablan de una preocupante retracción del mercado interno a la par de un contexto internacional poco auspicioso para los productos argentinos.
En este contexto, el campo de la educación superior no está exento de sufrir impactos. Un hecho inmediato sucederá el 29 de septiembre, fecha establecida para analizar la cláusula de revisión de paritarias. Esta cláusula, demandada especialmente por las organizaciones sindicales, se incluyó con el fin de evaluar si los aumentos pactados estaban en línea con el aumento del costo de vida producto de la inflación. Los sindicatos del sector ya anticiparon acciones de protesta con el fin de reabrir las paritarias para recuperar el poder adquisitivo perdido mientras que el Ministerio, por su parte, ya se manifestó en contra, argumentando que en el segundo semestre la inflación comenzó a descender.
Desafortunadamente, el deterioro de las condiciones materiales de los trabajadores de la educación no es el único impacto negativo. Hay otro aspecto, menos visible pero no pero ello menos lesivo para miles de familias. Nos referimos a un paulatino aunque sostenido proceso de deserción educativa en el ámbito universitario. Aunque no exista evidencia estadística actualizada, como cientistas sociales sabemos que el deterioro socio económico genera un proceso de desgranamiento en las aulas, proceso silencioso pero contundente.
Se trata de una realidad que impacta con mayor fuerza en la población que históricamente había tenido vedado en su horizonte el acceso a la Universidad y en los últimos años había logrado hacerlo a partir de un conjunto de políticas promovidas desde el Estado Nacional. La creación de nuevas universidades, programas de articulación entre la escuela secundaria y la universidad, la implementación de Programas como el Progresar o el Programa de Becas Bicentenario representaron un fuerte estímulo para que un sector de nuestra sociedad pudiera romper el maleficio histórico que lo condenaba al inercial circulo de la reproducción social excluyente.
Un dato concreto -y muy poco alentador- surge de los resultados publicados por una investigación reciente de CONADU en donde se advierte que el ministerio de Educación está subejecutando todas las partidas de la Secretaría de Políticas Universitarias destinadas a los programas de becas y tutorías, contratos programa y otros mecanismos de fortalecimiento de las trayectorias educativas.
Hablamos de instrumentos de política pública resultan fundamentales para los sectores más vulnerables que accedieron a la educación superior, en donde a diferencia de las familias que van por su segunda o tercera generación de profesionales, el apoyo estatal se vuelve decisivo.
La inacción del Estado o, mejor dicho, la hiperactividad en beneficio de los que más tienen y la pasividad para la generación de políticas de inclusión de las mayorías, tiene entre sus resultados el de desandar el camino recorrido en los 12 años anteriores cuyo principio orientador fue construir una Universidad para todos/as, concibiendo el acceso a la Universidad como derecho y entendiendo que calidad y masividad son dos caras de una misma moneda y no realidades excluyentes.
La permanente apelación a las ideas de calidad y excelencia asociada a la de “meritocraciaˮ, omitiendo sistemáticamente de los discursos oficiales los conceptos de derecho, democracia o inclusión son claros signos de un nuevo rumbo en que la Universidad deja de ser un destino posible para todos/as y vuelve a ser el lugar reservado para unos pocos “que lo merecenˮ. ¿Otro “sinceramientoˮ? Creemos que sí.
El desafío por delante es no retroceder en los derechos adquiridos por miles de familias, lo que significa no retroceder en lo conquistado en materia de inversión por parte del Estado, pero no sólo eso, sino que también es clave trabajar en el plano de las ideas. Ideas que constituyen los fundamentos y argumentos, el sentido, para la ampliación de la democracia argentina.
Frente a este escenario es importante la recuperación de las herramientas gremiales estudiantiles para la defensa de los intereses populares, así que festejamos fervientemente y es alentador el triunfo tanto del Frente Patriótico Milagro Sala en la conducción de la FULP como el del Frente Agustín Tosco que acaba de ganar la conducción de la FUC.
Estamos convencidos de no sólo es imprescindible avanzar en la organización popular que sostenga las conquistas que generaron una expansión democratizadora del sistema educativo universitario en los doce años pasados, sino también hacer hincapié y apelar fuertemente a otro aspecto propio de la Universidad: el hecho de producir conocimiento crítico que sea un insumo que acompañe la movilización política y social y permita elevar la voz de quienes soñamos un país con equidad social y oportunidades económicas y simbólicas para las mayorías.
