Hace poco más de un año se sancionó la ley de identidad de género. Ley que permite que todas aquellas personas que han construido su identidad de género diferente a la asignada al momento de nacer, puedan pedir la rectificación correspondiente en todos los registros públicos: partida de nacimiento, dni, títulos escolares, títulos de propiedad, etc. Esta rectificación se realiza de forma simple, sin que medie sentencia judicial como en otras épocas, sin exámenes psicológicos ni médicos como se pedía anteriormente para certificar realmente que una persona era trans. En el espíritu de la ley prima el concepto de despatologización, que significa que una persona trans no es más una persona “enfermaˮ. Sino que se entiende que esa persona ha construido su identidad de género de una forma diferente al de la gran mayoría de la sociedad. Es importante destacar que el género es masculino y femenino y que puede o no estar acompañado de la genitalidad de la persona.
De esta forma, hoy, se encuentran habilitadas más de 3000 personas en los padrones electorales para poder votar con la identidad que durante años han construido. Los cambios registrales acceden a 7000 al día de hoy, pero por lo joven de la ley, sólo tres mil personas están habilitadas a votar con su nueva identidad de género.
La política de derechos humanos del gobierno nacional y popular permite ampliar derechos a sectores de la sociedad históricamente postergados. Sectores que durante los 30 años de democracia no podían ejercer el derecho básico del sistema democrático: el derecho al voto. No porque no pudieran hacerlo, sino porque era humillante llegar a la mesa a votar y que las miren raro, como si fueran un ser de otro planeta, que las nombren con un nombre que no corresponde a su apariencia física ni a la identidad autopercibida. Era humillante que una mujer trans tuviese que esperar junto a los hombres para poder votar y no hacerlo en la mesa de mujeres. Por eso, el primer paso que dio este proyecto fue el de unificar las mesas, convertirlas en mixtas, para así dejar de marcar esa diferencia entre hombres y mujeres.
Hoy, vamos un paso más allá en la batalla cultural, y por primera vez, miles van a poder acceder al derecho al voto con el nombre y el género autopercibido. La ampliación de derechos es un baluarte de esta nueva Argentina que Néstor comenzó a construir en 2003 y que hoy continúa la compañera Presidenta Cristina.
Son conquistas de este modelo nacional y popular que ya pertenecen a todo el pueblo argentino, conquistas que no debemos dejar que nos arrebaten y seguir defendiéndolas como el primer día.
Para finalizar, una reflexión de una compañera trans de La Cámpora Diversia cuando tramitó el cambio registral del dni: “Hacer el cambio registral es como volver a nacerˮ. Y vaya si lo es, volver a nacer en un país libre, justo, soberano e inclusivo.
[gallery columns="4" link="file" ids="36092,36094,36096,36101"]
Hace poco más de un año se sancionó la ley de identidad de género. Ley que permite que todas aquellas personas que han construido su identidad de género diferente a la asignada al momento de nacer, puedan pedir la rectificación correspondiente en todos los registros públicos: partida de nacimiento, dni, títulos escolares, títulos de propiedad, etc. Esta rectificación se realiza de forma simple, sin que medie sentencia judicial como en otras épocas, sin exámenes psicológicos ni médicos como se pedía anteriormente para certificar realmente que una persona era trans. En el espíritu de la ley prima el concepto de despatologización, que significa que una persona trans no es más una persona “enfermaˮ. Sino que se entiende que esa persona ha construido su identidad de género de una forma diferente al de la gran mayoría de la sociedad. Es importante destacar que el género es masculino y femenino y que puede o no estar acompañado de la genitalidad de la persona.
De esta forma, hoy, se encuentran habilitadas más de 3000 personas en los padrones electorales para poder votar con la identidad que durante años han construido. Los cambios registrales acceden a 7000 al día de hoy, pero por lo joven de la ley, sólo tres mil personas están habilitadas a votar con su nueva identidad de género.
La política de derechos humanos del gobierno nacional y popular permite ampliar derechos a sectores de la sociedad históricamente postergados. Sectores que durante los 30 años de democracia no podían ejercer el derecho básico del sistema democrático: el derecho al voto. No porque no pudieran hacerlo, sino porque era humillante llegar a la mesa a votar y que las miren raro, como si fueran un ser de otro planeta, que las nombren con un nombre que no corresponde a su apariencia física ni a la identidad autopercibida. Era humillante que una mujer trans tuviese que esperar junto a los hombres para poder votar y no hacerlo en la mesa de mujeres. Por eso, el primer paso que dio este proyecto fue el de unificar las mesas, convertirlas en mixtas, para así dejar de marcar esa diferencia entre hombres y mujeres.
Hoy, vamos un paso más allá en la batalla cultural, y por primera vez, miles van a poder acceder al derecho al voto con el nombre y el género autopercibido. La ampliación de derechos es un baluarte de esta nueva Argentina que Néstor comenzó a construir en 2003 y que hoy continúa la compañera Presidenta Cristina.
Son conquistas de este modelo nacional y popular que ya pertenecen a todo el pueblo argentino, conquistas que no debemos dejar que nos arrebaten y seguir defendiéndolas como el primer día.
Para finalizar, una reflexión de una compañera trans de La Cámpora Diversia cuando tramitó el cambio registral del dni: “Hacer el cambio registral es como volver a nacerˮ. Y vaya si lo es, volver a nacer en un país libre, justo, soberano e inclusivo.
[gallery columns="4" link="file" ids="36092,36094,36096,36101"]
Imágenes
