En su cuenta de X, la funcionaria publicó: “Gran avance de la CSJN para ponerle un freno al delirio de la ideología de género. El Estado no tiene por qué meterse en la esfera de intimidad de los individuos, ni tampoco avalar compulsivamente que se obligue a otros ciudadanos a creer autopercepciones fantasiosas. El cambio cultural avanza”, adjuntando una nota del portal Infobae titulada: “Quería un DNI que dijera "femeneidad travesti" y la Corte Suprema le dijo que no: cuáles fueron las razones”.
¿Por dónde empezar? ¿Por la gravedad institucional? ¿La justicia patriarcal? ¿La falta de verdad entera y absoluta a su juramento del 10 de diciembre del 2023 donde prometió observar y hacer observar nuestra Constitución Nacional? ¿La confirmación, una vez más, de la odiología como política de Estado?
Hace años venimos militando por una reforma judicial con formación real en materia de género y diversidad, justamente para evitar estos fallos vergonzosos, humillantes y deshumanizantes. El partido judicial decide sobre nuestras vidas constantemente, persigue dirigentes que trabajaron arduamente en la ampliación de derechos y hasta en su democratización (muchas gracias Cristina). No escuchan ni atienden nuestros legítimos reclamos y ni siquiera podemos elegir a quienes lo dirigen.
No nos sorprende tampoco que alguien como Villarruel, que reivindica la dictadura militar y defiende el robo sistemático de bebés -una práctica destinada a borrar la identidad de miles de personas- se permita ahora calificar la identidad de género como “fantasiosa”, negando una vez más la libertad de cada persona para definirse y vivir en plenitud. Conocemos muy bien su desprecio por los derechos a la identidad desde ayer, hoy y siempre.
Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada
Sin embargo la gravedad institucional se enmarca en el ataque constante y permanente a las leyes y los tratados internacionales a los que adherimos hace décadas como Nación. Ni es la primera vez (en campaña había dicho que el Matrimonio Igualitario no era necesario como tal) ni tampoco es la primera del gabinete de Javier Milei que lo hace. Vale recordar los dichos del ministro de justicia Cúneo Libarona cuando expresó su “rechazo a la diversidad y a las identidades que no se alinean con la biología” o de la ahora ex canciller Diana Mondino que comparó ser homosexual con tener piojos.
Al negar o atacar la validez de la identidad de género, están afectando derechos fundamentales como la igualdad y la no discriminación, el derecho a la intimidad y a la dignidad personal, todos derechos explícitamente garantizados por la Constitución Nacional.
En su primer artículo, la Ley de Identidad de Género refiere que toda persona tiene derecho a que se reconozca, respete y refleje su identidad de género en todos los ámbitos, incluyendo su desarrollo personal y los documentos oficiales que acreditan su nombre, imagen y sexo. El artículo 12 desarrolla sobre el trato digno: aclara que se deberá respetar el nombre elegido por la persona, para toda citación, registro o gestión tanto en ámbitos públicos como privados.
No se trata de una simple opinión distinta que tenga que ser respetada: es un ataque explícito, total y absoluto de violencia institucional hacia nuestras identidades y existencias (otro más y van…).
