Trabajo sí, esclavitud no

Este miércoles, el gobierno de Javier Milei quiere que el Senado le dé media sanción al proyecto de “reforma laboral” que escribieron los estudios de abogados de los grandes grupos económicos del país y que el Fondo Monetario Internacional puso como condición por el rescate que le extendió a la banda de Toto Caputo en abril del 2025. La deuda tiene precio y los primeros que la van a pagar son los trabajadores y trabajadoras de nuestra Patria.

No hay ninguna segmentación. La reforma es antilaburantes y perjudica a los trabajadores y trabajadoras formales e informales, activos y jubilados, urbanos y rurales, de plataformas digitales y casas particulares. Son 197 artículos y no hay uno solo que beneficie a los y las laburantes. La única finalidad es quitar derechos consagrados y ofrecer a las empresas —especialmente las grandes— un amplio margen de maniobra para disponer de nuestro tiempo como se les antoje y rajarnos cuando se les dé la gana.

Como en la última dictadura, la década del noventa o el desastre de Fernando De la Rúa, esta flexibilización laboral es una estafa. No moderniza nada ni le facilita la vida a la gente, y mucho menos va a crear puestos de trabajo, porque la economía extractivista, libre importadora y de timba financiera que promueven Milei y Caputo es abiertamente hostil a la producción nacional. Lo que esta reforma pretende hacer es desmantelar cada una de las leyes protectoras que el movimiento obrero conquistó a lo largo de nuestra historia, ahora que se cumplen ochenta años del triunfo electoral que transformó a Juan Domingo Perón en presidente. Es una receta fracasada, que nadie que defienda a los trabajadores y trabajadoras o que se diga peronista puede defender o acompañar.

Con esta reforma serán las patronales las que decidirán con total discrecionalidad cuándo sus empleados se pueden tomar vacaciones, qué días trabajan más (sin pagar horas extra) y qué días trabajan menos o cuánto tienen derecho a enfermarse. Con esta reforma se van a encarecer y desvirtuar los juicios laborales, pero se van a abaratar los despidos. Con esta reforma tendrán vía libre la tercerización y el fraude laboral. Con esta reforma se desfinanciará todavía más el sistema previsional argentino, porque los ricos aportarán cada vez menos. Con esta reforma se le desconocerá la condición de trabajadores a los conductores y repartidores de las apps. Con esta reforma se licuará la figura de los convenios colectivos, se debilitarán los sindicatos y las empresas podrán formar los suyos propios, para defender a la parte más fuerte, cuál mundo del revés. En definitiva, es una reforma de mierda.

El peronismo, con el impulso de Cristina, propone otro camino: una reforma que sea moderna, tutelar, progresiva e inclusiva, que consista en aumentar con urgencia el poder adquisitivo de los salarios, asignaciones, jubilaciones y pensiones; reducir gradualmente la jornada laboral, para recuperar la soberanía del tiempo; concretar mejoras inmediatas en las condiciones de trabajo de las economías de plataformas y una regulación generalizada de las mismas; legislar el derecho a la desconexión digital; revisar y ampliar el esquema de licencias parentales; empujar la creación de Comités mixtos de Seguridad e Higiene Laboral, y volver a poner en agenda la participación de las y los trabajadores en las ganancias empresariales, como manda la Constitución Nacional. Una propuesta para el trabajo digno en una Argentina del Siglo XXI.

Desde que el macrismo nos metió en el vendaval de crisis, que la pandemia y la motosierra de Milei profundizaron, son los trabajadores y trabajadoras los que pagan el costo y ponen el cuerpo. Pero el poquísimo crecimiento, como señaló reiteradas veces Cristina, se lo vienen llevando tres o cuatro vivos. Los salarios en la Argentina se encuentran en niveles paupérrimos. Las familias están endeudadas de los pies a la cabeza. Los jubilados, sin ingresos ni medicamentos, reciben palos todos los miércoles. Y la mayoría de las personas necesitan buscar dos o tres empleos para sobrevivir. A este gobierno de saqueadores, sádicos y payasos, tan atento al riesgo país y la cotización de los bonos, nada de esto parece importarle. La gente no da más, pero la voracidad de los poderosos solo piensa en exprimirla al máximo.

Dicen los títeres mediáticos de las corporaciones que, con esta ley, volverán a crearse empleos de calidad en la Argentina. Todavía seguimos esperando la fruta madura de la Ley Bases, que la Cámara de comercio yanqui, AmCham, avisó que iba a traer consigo 1.000.000 de nuevos puestos de trabajo. Los números indican precisamente lo contrario. En nuestro país cierran treinta empresas por día —un total de 281.000 empleos menos desde que asumió Milei— y el porcentaje de desocupados, monotributistas y trabajadores no registrados no deja de crecer. Por eso no es casualidad que, casi un año después de la sanción de la Ley Bases, frente a la ausencia de buenas noticias y el incumplimiento de sus promesas, avanzaran los “dueños” de la Argentina con la proscripción y prisión de Cristina, quien ya en su documento de febrero del 2024 planteaba la necesidad de discutir en el peronismo una actualización laboral con los trabajadores y trabajadoras adentro. Si no hay pan, que haya circo.

La proscripción de Cristina también es condición de posibilidad para el avance de la ultraderecha. Sin la proscripción de nuestra conductora y el disciplinamiento del peronismo no pueden llevarse adelante estas reformas de signo claramente antipopular. El cálculo es simple: piensan que aislando e incomunicando a Cristina se detona al movimiento en mil pedazos y se hace más fácil cooptar, domesticar o perseguir a las partes. Así se delinean los contornos del país que buscan los poderes concentrados. Como dice Máximo Kirchner: un sindicato por empresa, un peronismo por provincia.

Sin embargo, eso no cambia lo esencial. Ante lo que constituye la tercera reforma laboral de Patricia Bullrich (2001, 2017, 2026), las cosas como son: pueden comprar voluntades para proscribir a Cristina, pueden comprar voluntades para dividir al peronismo, pero Bullrich seguirá siendo Bullrich, a Caputo le seguirán faltando dólares y el gobierno de Milei, Trump y el FMI seguirá siendo profundamente cipayo y oligárquico.

Tenemos la responsabilidad de trabajar para frenar la ofensiva brutal con la que, los que se creen dueños de la Argentina y del mundo, nos quieren reducir a un estado de semiesclavitud. Por eso estamos militando en todo el país, en esquinas, plazas, estaciones, trenes, colectivos, subtes, universidades y lugares de trabajo, para hacer llegar a cada compatriota el sentido y las consecuencias de esta reforma que el gobierno quiere tramitar apurado en sesiones extraordinarias, en vez de dar una discusión seria con todos los actores involucrados. El pueblo siempre debe saber de qué se trata.

El miércoles tenemos una cita en la plaza de los Dos Congresos, para que los senadores y senadoras se anoticien de que no estamos dispuestos a claudicar nuestra dignidad y nuestros derechos; esos derechos que nos constituyeron como pueblo, que nos definieron como peronistas y que, bajo ningún punto de vista, nos van a convencer de que no los merecemos, o que están viejos y oxidados. Lo único que huele a oxidado es esta reforma. Mañana miércoles marchamos en contra.