Política

Primer año de Milei

La democracia y los derechos humanos en jaque

Milei tanque

Hace un año, Javier Milei asumía la presidencia de la Nación con un combo discursivo que inmediatamente llevó a la práctica: un feroz ajuste, que implicó e implica una brutal transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados, acompañado de un ataque masivo y permanente a los derechos y garantías de toda la sociedad.

por Horacio Pietragalla Corti *
10 dic 2024

En materia de derechos humanos, el gobierno libertario marca un retroceso de magnitudes abismales. En términos de derechos económicos, sociales y culturales, las medidas de desregulación, entrega y hambre, la desocupación, los recortes en salud y educación, en pos del mentado “déficit cero”, han deteriorado enormemente las condiciones de vida de nuestra población, con una perspectiva a futuro también desoladora.  


En el plano de los derechos civiles y políticos, asistimos todos los días a discursos y prácticas de odio que atacan los derechos de las mujeres, del colectivo LGBTQI+, de les jóvenes y les migrantes, y que busca estigmatizar la militancia política. 

La escalada represiva, que tuvo su pico con la detención de decenas de compañerxs en la manifestación contra la “Ley Bases”, busca paralizar y disciplinar a la sociedad.

Porque de otra manera no es posible aplicar un modelo como el que propone el gobierno y los intereses nacionales e internacionales que lo sostienen.  


10 de diciembre


Me detengo un momento en la fecha que hoy nos encuentra y convoca a pensar: el aniversario de la recuperación de la democracia en nuestro país y el Día Internacional de los Derechos Humanos. Deshonrando nuestra historia, el gobierno durante su primer año –y con promesas de profundización- atacó cada fibra de la política de derechos humanos que le vale a nuestro país prestigio internacional, lucha iniciada por nuestras Madres y Abuelas a la cabeza de los organismos de derechos humanos, y del firme compromiso de Néstor y Cristina. 

Milei desfinanció la Secretaría de Derechos Humanos, despide masivamente y hostiga a sus trabajadorxs.

Hay un constante ataque al empleo estatal que todos los días garantiza derechos para nuestro pueblo. A su vez, desde el partido gobernante –y con la anuencia o, en el mejor de los casos, el silencio cómplice de gran parte de la oposición- se agitan discursos negacionistas o directamente reivindicadores del terrorismo de Estado, que mancillan el acuerdo básico del Nunca Más, revictimizan a las víctimas y vulneran la Constitución, las leyes nacionales, sentencias judiciales y compromisos del Estado a nivel internacional. Pero también llevan adelante las mismas políticas económicas de aquella dictadura, desregulaciones para favorecer a unos pocos, endeudamiento con el FMI, saqueo de recursos naturales, importaciones, etc. Y el ataque a los sectores más vulnerables como por ejemplo a los jubilados con el argumento de que hay que recaudar cuando vemos que lo que está llevando adelante es uno de los saqueos más grandes de la historia.


¿De qué democracia podemos hablar si tenemos que vivir este tipo de políticas todos los días? ¿Cómo es posible que un nuevo 10 de diciembre estemos siendo testigos de la implantación de un modelo que –retomando mucho de los genocidas pero con recetas y estrategias originales- busca aplastar a quien piensa distinto para llevar al país a la ruina y a la mayoría de su población a la pobreza y la miseria?.

Hemos repetido hasta el cansancio que quienes agitan discursos de odio, nostálgicos y nostálgicas de la dictadura, no lo hacen inocentemente.

Sus fines son claros: esos posicionamientos traen siempre aparejados proyectos políticos regresivos en materia de derechos humanos, que quieren refundar la historia para borrar la memoria de nuestro pueblo y dejarlo pasivo ante el sufrimiento, insensible y sin solidaridad. Esto sucedió también en las pasadas olas neoliberales. 


Pero hay un punto que es central y novedoso, y que sintetiza todo lo que se viene mencionando aquí: el núcleo del proyecto antidemocrático neoliberal que hoy padecemos es la proscripción de la principal líder de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner. 


Desde su intento de asesinato en 2022, en el marco de la persecución judicial a ella y su familia, que fue in crescendo y mostró uno de sus picos con la reciente confirmación de su condena a prisión e inhabilitación por la Cámara de Casación, el poder real -ese entramado de empresarios/as, jueces y funcionarios políticos- busca no solo clausurarla como candidata, impidiendo al pueblo elegir libremente, sino exterminarla como condición de posibilidad para derrotar toda posible resistencia a los planes que tienen para nuestro país: de entrega de recursos naturales, de pérdida de nuestra soberanía, de absoluta flexibilización y precarización laboral, de vía libre para el remate de nuestra patria.


Hoy, 10 de diciembre, debemos tener esto presente y revivir cada instante de nuestra historia como pueblo, cada lucha ganada, cada avance y también cada dolor y retroceso, para organizarnos con creatividad frente a esta embestida de proporciones inéditas. Sabemos a dónde no queremos volver y a dónde queremos ir: la lucha por la vigencia de los derechos humanos es también la lucha por la independencia, la soberanía, la igualdad y la justicia social. Y tenemos la historia y el futuro de nuestro lado.