La Libertad Avanza, encabezada por Javier Milei y Victoria Villarruel, nunca negó su posicionamiento sobre los crímenes cometidos por la última dictadura cívico militar.
Su alianza con el sector más fascista de nuestro país, con aquellos que llevaron a cabo crímenes de lesa humanidad y luego, a comienzos de la democracia, intentaron producir nuevos golpes de Estado durante el gobierno de Raúl Alfonsín, responde a un claro objetivo: buscar la impunidad de quienes fueron condenados en el Juicio a las Juntas.
Es decir, buscar la libertad pero para quienes secuestraron, para quienes violaron mujeres y hombres, para quienes torturaron, para los que robaron bebés, en muchos casos después de haberlos parido en los centros clandestinos, practicando incluso cesáreas sin anestesia, arrojándolxs vivxs desde aviones y en fosas comunes. Para aquellos que, a pesar del tiempo transcurrido, nunca mostraron señales de arrepentimiento ni brindaron información que permitiera recuperar a los nietxs que faltan y los restos de las y los detenidos desaparecidos.
Los diputados Guillermo Montenegro, Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo visitaron recientemente en el penal de Ezeiza a los genocidas Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Suárez Mason, entre otros.
¿Qué puede llevar a representantes de la Cámara de Diputados a visitar a estas personas que siguen callando sobre el destino de los desaparecidos?
¿Qué hay detrás del compromiso con el estado de detención de los genocidas?
Sin duda, en primera medida, la intencionalidad de deshumanizar a las y los 30.000 detenidos desaparecidos.
Esa deshumanización es fruto de una construcción de los sectores de poder y se ejerce cada vez con mayor impunidad de la mano de los discursos de odio que emite permanentemente el presidente Javier Milei contra la oposición política y todo aquel que no piense como él, pero también de la profunda comunión que tiene con el modelo económico neoliberal que dio su inicio en nuestro país con esa dictadura militar que representa los años más oscuros de la historia argentina.
Alfredo Astiz es conocido como "el ángel de la muerte" porque, con un beso a lo Judas, señaló al grupo de tareas a nuestras madres de Plaza de Mayo, Esther Careaga y Mary Ponce de Bianco. Fue quien entregó también a la monja francesa Alice Domon, a Azucena Villaflor y a la religiosa Leonie Duquet, luego de haberse infiltrado durante varios meses haciéndose pasar por familiar de un detenido. Astiz es uno de los símbolos más perversos del genocidio, no sólo por la frialdad con la que actuó siendo un joven de tan solo 23 años, sino también porque fue uno de los militares más cobardes en la guerra de Malvinas. Fue el primero que se entregó sin llevar adelante un solo disparo.
A 41 años de la recuperación de la democracia para el pueblo argentino, el gobierno busca el beneficio de la prisión domiciliaria para un asesino de gente indefensa que fue condenado por la justicia argentina a prisión perpetua. Condena que luego fue confirmada, además, por la Corte Suprema de Justicia, basada en un marco normativo internacional y el Pacto de San José de Costa Rica, que establece que los delitos que tipifican hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos deben contemplar penas adecuadas en relación con la gravedad de los mismos.
Cabe destacar también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resaltó que la ejecución de su pena también forma parte de la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, y que es parte integrante del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares, por lo que no se debe otorgar beneficios de forma indebida que puedan conducir a una forma de impunidad. Justamente lo que hoy buscan.
Durante nuestra gestión en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación demostramos que el penal de Ezeiza cuenta con toda la capacidad de alojar a personas longevas gracias a su sistema integral de salud.
Hace unos años, el gobierno de Macri quiso llevar adelante la impunidad a los genocidas con su intento del 2x1 y gran parte de la sociedad salió masivamente a las calles a repudiar ese retroceso. Ahora, el gobierno de sus socios, Javier Milei y Victoria Villarruel, siente que pueden lograrlo, pero otra vez la organización y el repudio popular frenará este intento de otorgar beneficios y libertad a los responsables.
*Militante de La Cámpora, nieto recuperado y ex secretario de Derechos Humanos de la Nación.
