Discutamos seguridad en serio

Hace tiempo que la seguridad se ha vuelto un tema central para la sociedad. Aparece como problema en las discusiones públicas y privadas y atraviesa a todas las clases sociales y las franjas etarias. Sin embargo, existe la idea de que esa centralidad que la cuestión reclama en la trama de discursos, ya sea en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la calle o en las campañas electorales, no tiene como correlato la profundidad ni la seriedad que se merece a la hora de pensar en políticas públicas que se ocupen de sus causas o de los efectos que produce.

Daba cuenta de ello la propia Cristina Fernández de Kirchner en un acto en La Plata, allá por noviembre de 2022, cuando decía: “La democracia tiene una deuda en materia de seguridad, de la vida, de los vecinos y vecinas, de los habitantes. Ningún partido político ha podido solucionarla”. Y un poco más adelante explicaba que esta deuda no podía ser saldada si las definiciones sobre lo que hay que hacer consisten en elegir entre “garantistas” o “manoduristas”.

Esta línea es nuevamente reforzada por la compañera en su documento Argentina en su tercera crisis de deuda, cuando señala: “En materia de seguridad debemos abandonar el consignismo. Con la desigualdad social por un lado o el gatillo fácil por el otro, no puede elaborarse ningún plan de seguridad”.

Traemos a colación estas intervenciones porque nos parece que ponen de manifiesto dos puntos nodales para poder pensar y trabajar la seguridad en nuestro presente. Por un lado, el hecho de que la deuda en materia de seguridad es de toda la política; es decir, excede a una persona o a un partido político en particular. La solución tiene que ser colectiva. Por eso mismo, y aquí viene el otro punto a remarcar, es que se vuelve fundamental salir de la trampa del consignismo maniqueo. No se trata de “ellos” o “nosotros”. Ni de slogans que suenen bonito. Estamos inmersos en un marco de discusión sobre lo que se hizo, se hace o hay que hacer en esta materia, que obtura toda posibilidad de desplegar herramientas, instrumentos y políticas públicas concretas que nos ayuden a saldar esta deuda. Debemos avanzar pero, para hacerlo, vamos a tener que sortear las trampas que el propio “discurso sobre la seguridad”, en ocasiones, nos propone.

La trampa del discurso consignista

Uno de los mayores desafíos que enfrentamos a la hora de diseñar y ejecutar políticas públicas en materia de seguridad es el modo en que presentamos la situación que deseamos resolver.

En este sentido, uno de los pecados más comunes es la superficialidad, la búsqueda del “golpe de efecto”. No se trata de resolver los problemas, sino de mostrarse “fuerte”, como si con eso bastara para que las soluciones se realicen por sí mismas. Tomemos como ejemplo a la actual ministra de Seguridad de la Nación y otrora funcionaria de la Alianza, Patricia Bullrich. Cuando ella aborda el problema de la seguridad, vamos a notar que la mayoría de las veces no hay sustancia en sus intervenciones: no hay planes, no hay desarrollos, no hay análisis de las causas, no hay propuestas de fondo.

Bullrich apuesta a la espectacularización de la seguridad: titular los momentos, como si gobernar se tratara de emular al clickbait. Privilegia los títulos o las frases hechas por sobre el contenido real de los problemas. “El que las hace las paga”, “bala o cárcel”, y frases de ese tipo, o proyectos de ley como el que llamaron “anti mafia” (que de anti mafia no tiene nada), son parte del andamiaje discursivo que levantaron para dar cuenta de que “se ocupan” del tema, que son “rudos”, que con ellos “no se jode”. Sin embargo, no existe estadística que ponga de manifiesto que el problema de la seguridad se solucione con balas. Y, para ser honestos, el hecho de que socialmente sea uno de los tres primeros temas que aparece en cada encuesta como preocupación de los argentinos lo deja bastante en claro.

Superficialidad, inmediatez y “golpe de efecto” se han vuelto las condiciones de posibilidad del discurso en torno a la seguridad. Un sentido común avalado por la mediatización del dolor y el cansancio de una situación que no mejora. Todo discurso que no comparta estos atributos es apartado bajo la sospecha de “impracticabilidad” o de “garantismo” o “abolicionismo penal” y ese tipo de enunciados fáciles que cancelan el debate. Argumentos que se repiten como un mantra que no necesita de evidencia empírica ni de comprensión.

Por esto es que resulta fundamental escapar a la situación maniquea de discutir la seguridad en los términos que nos proponen las Bullrich o los Macri y Milei de la vida. En estos primeros seis meses de gobierno no hubo ni una propuesta de fondo, ni reforma estructural del sistema de seguridad de nuestro país. Sólo asistimos a un puñado de frases hechas y a un desordenado conjunto de proyectos de Ley con títulos altisonantes pero carentes de consistencia. La puesta en vigencia del Protocolo para manifestaciones que, discutido incluso por la ONU, se quiso entrar por la ventana en la fallida Ley Ómnibus de enero, es quizá el ejemplo más cabal de la orientación que Bullrich le ha dado a la política de seguridad del gobierno de Milei: tener el control de la calle. Pero no en los términos que le podríamos requerir a una ministra de Seguridad de la Nación (el control de la calle en la persecución de la criminalidad organizada), sino el que puede contemplar una secretaría de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires: el control de las manifestaciones.

Para muestra alcanza con un botón: el Operativo policial del pasado 12 de junio en las inmediaciones del Congreso, cuando el Senado estaba tratando la Ley Bases, puso en evidencia una serie de hechos que no pueden tomarse de forma autónoma a la conducción de la política de seguridad del tándem Bullrich - Milei. Desde el accionar de las fuerzas de seguridad, la persecución y el posterior encarcelamiento de manifestantes al voleo, acompañado luego por el mamarracho jurídico del Fiscal Stornelli, hasta la mención al Golpe de Estado en el mensaje presidencial, dan cuenta de cuáles son las prioridades que tienen a la hora de definir una política criminal y de poner todos los recursos del Estado para llevarla a cabo.

La deuda como problema

Para evitar el consignismo hay que concentrarse en los problemas reales. Es a partir de identificar correctamente los problemas, elaborar diagnósticos, trabajar con nuestras comunidades, que vamos a poder diseñar políticas públicas concretas que nos permitan saldar la deuda que tenemos en materia de seguridad. El consignismo no es otra cosa que seguir tomando deuda para el pago de gastos corrientes; cuando lo que hay que hacer es construir propuestas concretas que apunten a obtener resultados duraderos.

Para ello, lo primero que debemos decir es que cuando hablamos de “seguridad”, en realidad, nos estamos refiriendo a un sistema de gestión de la conflictividad compuesto por muchos actores y en diferentes niveles. Una vez aclarado esto, creemos que lo mejor es empezar por un esquema de trabajo que se concentre en cuatro planos o dimensiones.

Al primero lo vamos a llamar diseño institucional; al segundo, gestión ordinaria del sistema; al tercero, visión estratégica del sistema y, por último, al cuarto, integralidad del sistema. Cada plano está íntimamente ligado con los otros. Es decir, no se puede pensar un diseño institucional sin atender, al mismo tiempo, la visión estratégica y la integralidad del sistema.

Por diseño institucional se entiende a la necesidad de tematizar y problematizar las estructuras institucionales que conforman el sistema de gestión de conflictos (el sistema de seguridad pública, la política criminal, la administración de justicia). Los entes con los que contamos, las fuerzas de seguridad federales, por ejemplo, pero también podríamos pensar en otras agencias u organismos públicos, carecen, tal cual se encuentran estructurados al día de hoy, de la velocidad, flexibilidad o las herramientas para tratar con la modalidad de los conflictos que experimentan nuestras sociedades contemporáneas. Sobre todo si hablamos de crimen organizado.

Queremos resolver problemas del siglo XXI con estructuras, prácticas e instituciones del siglo XIX. En este plano debemos encarar un trabajo coherente e integral de transformación de todas las instituciones que conforman el sistema de gestión de conflictos. Pero esas transformaciones deben ser parte de una estrategia y de un camino que incluya a todos los actores involucrados. Para decirlo en otras palabras: es con las policías que se mejora a la policía.

Si la estructura institucional es una de las dimensiones, la gestión del día a día, es decir, los procesos que la componen, es la otra. Van de la mano. En la actualidad contamos con instituciones repletas de procesos burocráticos clientelares, pre weberianos, prisioneras del “expediente”, que demoran el accionar en innumerables vericuetos normativos y procedimentales. Uno de los efectos más pronunciados de esta deficiencia es el de llegar mal y tarde a los lugares donde se debería llegar antes y bien. Hay que trabajar en el rediseño de los procesos (lo que llamamos “gestión ordinaria del sistema”). Para esto, debemos llevar adelante muchas tareas: la creación de herramientas de medición más eficaces, indicadores de resultados, pero también de procesos; capacitar cuadros técnicos y políticos, construir espacios de diálogo con todos los actores institucionales y, además, con los sociales establecer objetivos específicos, mensurables, alcanzables, relevantes y con un tiempo de duración. Y esto es apenas una parte.

La visión estratégica es aquella que tiene una mirada a mediano y largo plazo; una visión que establece las prioridades y orienta los recursos en función de políticas de transformación real de la sociedad. No se detiene en la situación micro, “el caso”, para pensarla por fuera del sistema, sino que cada acción y cada análisis se realiza a partir de la comprensión de los vínculos y las relaciones de esa situación particular con otras situaciones. En este plano se define no sólo la orientación y los objetivos de la política criminal sino también su conducción, los actores involucrados y las relaciones con otras políticas públicas, sean de carácter social, cultural, educativo, de salud, laboral o productivo, por nombrar algunas.

Lo que llamamos la integralidad del sistema refiere a que cada acción a desarrollar, cada reforma, cada cambio (sea un reglamento, un protocolo, políticas de bienestar de las fuerzas de seguridad, por mencionar los que suelen mencionarse en los discursos públicos), no resulten de un focus group ni abonen al golpe de efecto del consignismo, sino que refuercen y beneficien al propio sistema de gestión de la conflictividad. Es fundamental que cada una de estas cuestiones estén pensadas, desarrolladas y puestas en ejecución en forma vertical y horizontal. Vertical, porque se necesita integrar los municipios con las provincias y con la Nación; horizontal, porque se debe establecer coordinadamente los vínculos más efectivos y eficaces entre los tres poderes del Estado.

Es con instituciones más fuertes que las demandas sociales pueden ser convertidas en políticas públicas. Es con más institucionalidad que los problemas se van a transformar en objetivos a resolver. A contrapelo del discurso azuzado por los vendedores de soluciones, que privilegian las coyunturas, es imprescindible trabajar por un discurso que se apoye en los encuentros, en la composición de relaciones productivas, en miradas estratégicas y en soluciones concretas sin perder de vista que lo que hacemos impacta en todo el sistema.

No es con menos Estado, sino con un Estado más inteligente y sensible, con capacidades que le permitan resolver los verdaderos problemas de la gente. Por ende, con una mirada política, una mirada que verdaderamente sea capaz de construir una sociedad más justa.

*Militante de La Cámpora y Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires.