Llega julio y volvemos a estar en la misma situación que en diciembre con las prepagas. Todos tenemos muy presente que, producto de la desregulación, las empresas de medicina prepaga aumentaron las cuotas de forma descontrolada, lo que generó, entre otras cosas, un colapso judicial. Infinidad de denuncias de argentinas y argentinos que necesitaban una respuesta. Hasta el propio gobierno que les soltó la cadena luego las denunció por los aumentos desmedidos y coordinados en un mercado desregulado.
Esa denuncia terminó en un acuerdo entre el gobierno y las empresas de medicina prepaga para poner un tope a los aumentos en el IPC, pero ese acuerdo vence en el mes de junio así que en julio las empresas vuelven a aumentar. Ya lo han anunciado: el Hospital Italiano 9,37 %, Sancor Salud 8,9 %, Accord 8,8 % y la lista sigue, siempre con cifras que duplican la inflación.
Cabe aclarar que estas empresas no son ni las clínicas, ni los médicos, ni los trabajadores de la salud. Son empresas que, además de brindar un servicio de salud, tienen otros negocios y otras actividades económicas. Algunas de ellas hasta actividades financieras, inmobiliarias e, incluso, medios de comunicación.
Estas empresas tienen de rehenes a 6 millones de argentinas y argentinos afiliados a la medicina prepaga. En este escenario, absolutamente desregulado, las empresas abusando de su posición dominante se cartelizan para mantener cuotas impagables.
La propia denuncia del gobierno nacional dice: “Existen elementos que pueden facilitar la colusión en el mercado de asistencia médica privada, como por ejemplo la inelasticidad de la demanda, la homogeneidad del servicio, el nivel de concentración del mercado, etc.” Y que “si bien los servicios en cuestión son homogéneos, éstos no serían fácilmente sustituibles para una parte de los usuarios, en particular los adultos mayores y aquellos con enfermedades preexistentes, que no cuentan con la posibilidad de contratar a otra empresa o solo podrían hacerlo pagando a un precio muy elevado.”
¿Qué es lo que el gobierno quiere decir con esto? Que así se comportan las empresas de medicina prepaga cuando se desregula el mercado… y que las víctimas serán los pacientes, en especial, los adultos mayores y los pacientes con enfermedades preexistentes.
Durante los últimos años me tocó ser directora de un financiador. Así como las prepagas y las obras sociales, PAMI es un financiador. Con una característica especial: es la obra social de jubilados más grande del planeta tierra. Es decir, todos sus afiliados son los que más consumen, los “más caros” que tiene el sistema de salud. Sin embargo, nosotros pagábamos mejor que muchas de las prepagas a las clínicas. E incluso pagábamos antes, porque estas empresas de medicina prepaga, en su inmensa mayoría, están financiadas por los históricos aportes derivados de las obras sociales. Entonces, las empresas cobran hoy, te aumentan hoy, pero luego retienen ese dinero y pagan a las clínicas y a los médicos recién a los 120 o a los 180 días, financiando en ese tiempo probablemente sus otras actividades económicas.
Además, con la política de medicamentos gratis financiábamos los medicamentos de los afiliados jubilados que también eran afiliados a las prepagas. Ya que se permite la doble afiliación, los jubilados que eran de las prepagas optaban por tener medicamentos con PAMI porque eran gratis.
Es decir que estas empresas, cuando era el PAMI el que financiaba los medicamentos gratis, eran muy keynesianas, pero ahora, que queremos regular el valor de la cuota, se ponen muy liberales.
El Poder Judicial ha sido claro en todos los fallos que derivaron del mar de denuncias, aseverando que la salud es un derecho humano y que es el Estado el que tiene la responsabilidad sobre ese derecho. Dijo también que hay que tener marcos de previsibilidad y razonabilidad para los aumentos. Pero, ¿le corresponde al Poder Judicial, como lo viene haciendo, decir cuánto debe aumentar la medicina prepaga? No, le corresponde al Ejecutivo, pero si el Presidente no va a hacerlo, lo debe hacer el Poder Legislativo porque la salud es un derecho, está en riesgo y alguien tiene que tomar cartas en el asunto.
En ese marco es que, como diputada, presenté un proyecto, y también hay otras iniciativas con el mismo espíritu, por lo cual esperamos y exigimos que se les dé giro a la comisión de salud en carácter de urgencia porque estamos a pocos días de que inicie el mes de julio y esta bomba le va a explotar a 6 millones de personas que no van a poder afrontar los aumentos de la medicina prepaga. La libertad al final era para un puñado.
*Militante de La Cámpora y Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires.
