Lo enunciado en redes sociales difiere del proyecto de ley ya que éste último hace una diferencia entre armas irregulares y armas ilegales, considerando que las irregulares están en esa condición producto de problemas administrativos, en cambio las ilegales, en manos de criminales. Por ello, establece que en el primer caso se trata de “usuarios” y en el segundo de “delincuentes”. Por otro lado, el proyecto está orientado a una transferencia del mercado ilegal al mercado legal de armas de fuego. Es decir: la irregularidad es el proyecto en sí.
Al leer el comunicado, pensé que el proyecto traería propuestas de gestión para actualizar la base de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) que tiene un gran porcentaje de sus legítimos usuarios vencidos. Sin embargo, no. Lo que traía era un “blanqueo de armas”, sin distinción entre irregulares o ilegales.
¿Qué propone el proyecto de Ley?
En su primer artículo dice que el que tuviere un arma sin legalizar puede acercarse a la ANMAC para obtener el permiso correspondiente, si procediera. Es decir, que es posible que esa persona no cumpla con los requisitos que establece la Ley vigente para convertirse en legítimo usuario. Si esto sucediera, indica el artículo, entonces la persona deberá transferir el arma a una persona que sí sea legítimo usuario o elegir por alguna otra alternativa, como por ejemplo, entregarla en el Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego para su destrucción (aunque, raro, esto no lo menciona así, como si la opción realmente válida o importante fuera la primera).
Uno de los más grandes problemas que trae este proyecto de ley es que dice que, mientras todo esto sucede (mientras acerca su arma, verifican la información, ven si cumple con los requisitos como para ser legítimo usuario o si se la pasa a uno que sí los cumple), esta persona será el “depositario legal” del arma. Es decir, crean una nueva categoría de tenencia.
Para ser más claros: el Estado le va a decir a una persona que se puede llevar el arma a su casa, hasta que se regularice la situación, sin conocer su estado psíquico (uno de los requisitos básicos que se requiere para adquirir la condición de legítimo usuario).
Cuatro de cada cinco femicidios se cometen con armas de fuego. Siete de cada diez personas que mueren por un arma de fuego conocía previamente a su homicida. Pero, aún así, el Estado no sólo le va a permitir a la persona que regrese a su casa con el arma, sino que le va a otorgar una categoría legal. Y esto es sólo la mitad del problema, porque la otra es que lo van a eximir de penas mientras se regulariza la situación.
El proyecto, en su tercer artículo, establece que éstas personas que tienen un arma sin registrar, es decir, de manera ilegal, son exentas de alguna acción legal de las previstas por el artículo 189 bis del Código Penal. Que, además, es un artículo que configura varias conductas punibles. No sólo se refiere a tener un arma de manera ilegal, sino a acopiar un arsenal o tener antecedentes por delitos dolosos o amenazas a otras personas con armas de fuego, por ejemplo. Y, tal como está redactado este artículo, todas estas conductas serán eximidas de pena con sólo informar a la ANMAC que tienen un arma sin registrar.
Una oportunidad para el crimen organizado
Como se puede observar, este proyecto de Ley tiene muchos inconvenientes y, de aprobarse tal cual está, va a generar muchísimos más.
Hay una gran confusión para encontrar cuál es el problema que quiere resolver y cuál es la solución para ello. Mezcla un problema de carácter registral, con uno de política criminal.
Es correcto que el organismo que se encarga de la registración y control de armas de fuego en nuestro país debe mejorar sus procesos y procedimientos -objetivo siempre bienvenido-, pero su tarea no es la de permitir la transferencia del mercado ilegal al mercado legal. Para la persecución del mercado ilegal están las Fuerzas de Seguridad y las Justicia.
Si el Estado comienza a permitir el blanqueo de armas ilegales, sin verificar el estado de las personas que se presentan a realizar dicho blanqueo, nuestro país corre un grave peligro. Primero porque resulta una ventana de oportunidad muy importante para que el crimen organizado ingrese armas de dudosa procedencia y sean legitimadas por la normativa nacional. Y segundo porque no podemos asegurar que personas que se encuentren bien psíquicamente sean depositarios legales de un arma de fuego.
Tener la “convicción de promover y facilitar” el acceso a las armas, tal cual lo enuncia el Ministerio de Seguridad en su comunicado, resulta algo temerario. Los gobiernos deben tener la convicción de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Que las armas de fuego estén en regla es una cosa -y desde ya que es correcta- pero de ahí a promover su tenencia, hay un gran trecho. Si bien la legislación argentina permite el acceso a las armas de fuego, ese acceso no debería ser alentado por nadie, y menos por el gobierno nacional.
Las estadísticas ponen en evidencia que las armas de fuego son potenciadoras de la violencia. Y este proyecto de Ley no sólo no atiende a ese problema, sino que se esfuerza por profundizarlo.
* Militante de La Cámpora y Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires.
