El lunes 18 de junio, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas, por impulso de la canciller Diana Modino, nuestro país adoptó el Acuerdo sobre el Derecho del Mar, relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, conocido por su sigla en inglés como BBNJ. Si bien la adhesión al acuerdo fue promocionada por el gobierno como una buena noticia, que fue aplaudida acaloradamente por las ONGs ambientalistas, para la Argentina, con su disputa histórica soberana con el Reino Unido, termina plasmando un nuevo instrumento de sesión (¿definitiva?) de la soberanía sobre las islas y una marcada flexibilización ambiental. Lo que podríamos llamar “el RIGI del mar”.
El BBNJ obtuvo la firma de 91 países y ha sido ratificado por siete Estados. Tiene como supuestos pilares la “distribución justa y equitativa de los beneficios de los recursos genéticos marinos; las evaluaciones de impacto ambiental; el fomento de la capacidad y la transferencia de tecnología marina, y la implementación de herramientas de gestión basadas en áreas, incluidas áreas marinas protegidas”. Sin embargo, el acuerdo consolida deliberadamente un esquema diseñado en favor de las potencias ocupantes en áreas en disputa, como constituye el caso de Inglaterra en nuestras Islas.
Pero vamos de a poco.
Argentina cuenta con un litoral marítimo de 4.725 kilómetros de longitud, que se suma a los 11.325 kilómetros de las costas de la Antártida Argentina e islas australes. Toda la plataforma de espacios marítimos argentinos dentro continente americano (incluida su plataformas insulares), de unos 3.744.000 km2, es solo el 56% de los espacios marítimos totales del país, contabilizando los espacios marítimos antárticos. Es importante dimensionar la vastedad de nuestros espacios marítimos: un total de casi siete millones de kilómetros cuadrados.
En este territorio inmenso habitan y se reproducen miles de especies de algas, invertebrados, peces, tortugas, aves y mamíferos marinos; algunas de estas especies son, incluso, endémicas (exclusivas) de esta parte del mundo. El Mar Argentino es una fuente de sustento y de bienestar de nuestro pueblo: proporciona alimentos, regula los gases de efecto invernadero, depura sustancias contaminantes, fomenta el turismo, entre tantas otras cosas.
Nuestro país cuenta con políticas activas concretas que fueron impulsadas para proteger el territorio marítimo. Gracias a la decisión política de la entonces presidenta Cristina Fernandez de Kirchner se creó, en 2014, “Pampa Azul”, una iniciativa interministerial que articula acciones de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para apoyar las políticas oceánicas nacionales. Su objetivo fundamental fue fortalecer la soberanía argentina sobre el mar, conservar los recursos marinos y promover su uso sostenible, incluyendo la creación y gestión de áreas marinas protegidas.
En 2015 se sancionó la Ley 27.167 que creó el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos, que le dio un marco normativo fuerte a la Iniciativa Pampa Azul. Con este instrumento, y gracias a la articulación virtuosa entre un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación maduro y en expansión, y los esfuerzos del Consejo Federal Pesquero, se logró combatir la sobreexplotación pesquera con medidas importantes como las cuotas, las vedas, la creación de áreas marinas protegidas y el desarrollo de tecnologías innovadoras como las artes selectivas de pesca. De esta forma se había logrado administrar de forma activa y sostenible el 80% de nuestra plataforma continental, hecho reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
El presente es muy distinto. El Poder Ejecutivo Nacional ratificó recientemente el acuerdo de BBNJ que busca modificar las reglas de juego y entregar, en nuestro caso, la soberanía en el Atlántico Sur en disputa. Aunque para que entre en vigencia no solo se necesita que sean varios países más los que lo ratifiquen sino también que sea convalidado por el Congreso Nacional.
¿Cuáles son los principales riesgos que enfrenta Argentina si el acuerdo BBNJ entra en vigencia?
- Excluye expresamente la posibilidad de canalizar reclamaciones de soberanía. Esto conduciría a consolidar las ocupaciones actuales en áreas en disputa como la ilegalmente ejercida por el Reino Unidos en las áreas disputadas del Atlántico Sur. Nos sienta en una mesa de “igual a igual” a discutir la soberanía de nuestras Islas y las áreas marítimas circundantes, y de los bienes comunes naturales de dichos territorios, con el Reino Unido y otros países potencias de la OTAN que también tienen intereses en controlar esta región geopolítica caliente. Por ende, en lugar de hacernos fuerte en una discusión histórica, con un enorme apoyo regional e internacional, nos debilita. ¿Y qué sucederá con las áreas en disputa? ¿Si el ocupante desarrolla evaluaciones de impacto ambiental, por ejemplo para la extracción de hidrocarburos o nódulos polimetálicos, y decide que se puede desarrollar la actividad? Estaríamos en presencia de un nuevo escenario jurisdiccional creado en favor del ocupante y la otra parte en la controversia no tendría elementos para defender su posición.
- Reconocería la riberaneidad del Reino Unido en las áreas disputadas del Atlántico Sur, constituyendo una situación jurídica objetiva. Esto pone en plano de igualdad ante la CONVEMAR o “Ley Internacional del Mar” a nuestro país y a la potencia ocupante. Por ejemplo, se habilitará la posibilidad para que actividades desarrolladas por fuera de la milla náutica 200 -desde la línea de base de la costa Argentina-, deban llevarse a cabo de conformidad con las decisiones adoptadas por “las partes” (los países) que llevan adelante el Acuerdo. Nuestro país sistemáticamente ha manifestado su oposición a esquemas multilaterales que auspicien el reconocimiento de facultades jurisdiccionales al Reino Unido en las áreas en disputa del Atlántico Sur, particularmente en materia de Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROPs).
Es Interesante ver como cuentan esta noticia los medios masivos de comunicación. Veamos algunos ejemplos:
De la misma forma que el RIGI de la Ley Bases cede jurisdicción ante cualquier disputa que exista entre las empresas o corporaciones que se ciñan al él al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial con sede en Washington, Estados Unidos; el BBNJ cede jurisdicción al plano multilateral el tratamiento de las disputas de soberanía de nuestros territorios y sus recursos marinos estratégicos. Un estatuto legal del coloniaje para el Atlántico Sur.
La Constitución de la República Argentina establece en su Disposición Transitoria Primera que “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional” y que “la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
Otra vez nos quieren vender gato por liebre. Será, de nuevo, tarea militante explicar a la ciudadanía los riesgos de este acuerdo y por qué pone en riesgo nuestra posibilidad de un futuro digno y soberano. La militancia tiene el deber de seguir conociendo y descubriendo las riquezas de nuestro mar como así también pensando usos sostenibles que permitan crecer en armonía con nuestra naturaleza.
