Durante la década del ‘90 y en plena época de políticas neoliberales, el pueblo argentino volvía a organizarse través de los movimientos sociales y de trabajadores y trabajadoras desocupados, siguiendo su histórica tradición de lucha y organización.
Con la privatización de YPF vinieron los despidos y, como consecuencia de esta nueva miseria planificada, irrumpieron las protestas y los cortes de ruta en lugares como Cutral Co, Mosconi y Tartagal. Esas experiencias organizativas y de lucha contra el modelo de exclusión pronto se multiplicaron en todo el país. Es decir que, mientras se desparramaban las consecuencias del neoliberalismo en toda la Patria, se multiplicaban las respuestas y experiencias de resistencia de nuestro pueblo.
De esa forma, ante la destrucción del aparato productivo y la expulsión del sistema de millones de trabajadores y trabajadoras, los movimientos sociales y de trabajadores desocupados se consolidaron como el sector más dinámico de la resistencia al neoliberalismo. Un modelo que se sostiene con mentiras, números y gráficos usados para confundir y engañar, pero también con represión.
Si en los ‘70 habían necesitado de un genocidio para imponer estas políticas, en democracia necesitaban que la represión siga en pie, pero sea de menor intensidad. De esta manera buscaban consagrar la idea de que la política es únicamente para unos pocos. De casa al trabajo (si lo tenías) y de ahí a la urna, pero sin hacerle ningún tipo de ruido al poder real.
Es así que rápidamente los movimientos de trabajadores desocupados empezaron a sufrir la violencia y el asesinato de compañeros y compañeras en el marco de la represión a la protesta social. Aníbal Verón, Víctor Choque, Teresa Rodríguez, entre otros, dieron la vida por sus derechos y se transformaron en banderas de la resistencia.
Maximiliano Kosteki tenía 22 años. Darío Santillán, 21. Ambos vivían y militaban en la zona sur del conurbano bonaerense, donde desde finales de la década del noventa venía desarrollándose la resistencia callejera y territorial más intransigente contra el neoliberalismo. Los dos formaban parte del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, organización política cuya principal consigna era Trabajo, Dignidad y Cambio Social.
"La Verón", como le decíamos a la Coordinadora de movimientos barriales que se habían conformado en los distintos municipios del Gran Buenos Aires, conocía al duhaldismo muy de cerca: la denominada "Tercera Sección Electoral" de la provincia de Buenos Aires era la región en la que había nacido la versión bonaerense del menemismo, y donde gobernaba el núcleo duro de intendentes que rodeaba a Duhalde, primero en la gobernación y luego en la presidencia.
Después de la explosión del modelo y la rebelión popular durante diciembre del 2001, con la consecuente renuncia de De La Rúa y la asunción de Duhalde, el establishment imponía una agenda para restaurar ese orden perdido de golpe.
El 26 de junio del 2002, en el marco de una jornada de lucha nacional, Maxi y Darío se movilizaron con sus compañeros y compañeras, con organización y solidaridad y poniendo el cuerpo con determinación militante. Pero el establishment y el gobierno ya habían decidido que ese día tenía que ser aleccionador y disciplinador.
La orden fue clara: de ninguna manera podía cortarse el Puente Pueyrredón. Así, se desplegó un operativo policial inusitado para la época, con las tres fuerzas federales que existían (Policía Federal, Prefectura y Gendarmería) junto a la Policía Bonaerense.
Maxi y Darío fueron asesinados durante la cacería desatada para impedir el corte. Durante las primeras horas, los medios masivos de comunicación presentaron las muertes de los compañeros como una interna de las organizaciones. El grupo Clarín se los adjudicó a "la crisis" y el coro restante intentó instalar que los militantes se habían matado entre ellos.
Al día siguiente, la verdad irrumpió: Maxi y Darío habían sido asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense. Primero Darío y luego Maxi, cuando intentaba socorrerlo.
Años después, el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta fueron condenados a cadena perpetua por doble homicidio y siete tentativas de homicidio, al igual que otros efectivos policiales.
El entonces presidente, Eduardo Duhalde, que no había sido designado por el Congreso luego de la crisis del 2001, no tuvo más remedio que llamar a elecciones nacionales para descomprimir la ola de protestas que rápidamente se desató en todo el país en repudio y reclamo de justicia por el asesinato de los compañeros.
Al año siguiente, Néstor Kirchner, el presidente electo con más desocupados que votos, les abrió las puertas de la Casa Rosada a las organizaciones y movimientos sociales, e inauguró una nueva época en la relación del abordaje estatal frente a las movilizaciones populares. Con la premisa central de no reprimir ni criminalizar jamás la protesta social.
Hoy es fácil advertir las mismas recetas de este nuevo intento de restauración neoliberal: mentiras y represión. Así es como el pasado 13 de junio, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (la misma de la Alianza), desató una cacería en los alrededores del Congreso para impedir que se consolide una masiva movilización en contra de la llamada Ley Bases. La empleada modelo del establishment vuelve a estar presente en este nuevo intento por consolidar un modelo de exclusión y represión.
Y Maxi y Darío siguen siendo bandera de lucha y viven en cada barrio donde se milite la dignidad y la justicia social. Por eso, cada 26 de junio los recordamos como ejemplos e hijos de un pueblo que, a lo largo de su historia, no se ha rendido ni en los peores momentos ni lo hará. Hasta que todo sea como lo soñamos.
