La existencia de áreas del Estado especializadas en atender las violencias de género data de 1987 y se enmarca en tratados internacionales de derechos humanos, como la CEDAW y la Convención Belém Do Pará. Es decir, se ha consolidado como una política de Estado, que forma parte del consenso democrático y que durante 37 años ha trascendido gobiernos.
Progresivamente, el área se jerarquizó, lo cual implicó dotarla de mayores funciones y presupuesto para no sólo abordar las violencias una vez ocurridas sino también concientizar a la población sobre las desigualdades estructurales que las sustentan, y así prevenirlas. Los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner fueron un paradigma en materia de ampliación de derechos; en particular, para mujeres y diversidades: la ley de protección integral de violencia contra las mujeres, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de Educación Sexual Integral, las moratorias previsionales, la Asignación Universal por Hijo, son sólo algunos ejemplos del amplio abanico de estas políticas.
En 2019, durante el gobierno del Frente de Todos, se decidió jerarquizar el área, pasando del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), lo cual implicó un desafío en la gestión a la hora de diseñar las herramientas para construir mayores niveles de igualdad de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries y otras identidades. En los cuatro años de gestión se crearon, de manera federal y participativa, las políticas públicas de acuerdo a distintos ejes: el abordaje integral de las violencias de género, políticas de igualdad y promoción de derechos, políticas de diversidad, herramientas formación y capacitación y el fortalecimiento institucional.
“La jerarquización de las políticas públicas destinadas a abordar las desigualdades y violencias por motivos de género era una deuda entre muchas que el Estado tenía para con las mujeres y diversidades. Lo logramos con nuestra lucha insistente y tenaz”, sostiene Maribel Balancini, quien trabajó en el Programa Acercar Derechos (PAD) con sede en la provincia de Córdoba hasta 2023, y agregó: “El desafío fue trascender la oficina y establecer un ministerio presente en todos los territorios, con un despliegue estratégico en los barrios y construyendo institucionalidad a partir de las redes locales”.
La jerarquización de las políticas destinadas a abordar las violencias de género era una deuda que el Estado tenía para con las mujeres y diversidades"
Maribel Balancini
Su par en Chaco, Amaya Molisano, ex trabajadora de los equipos en la provincia, cuenta que “la construcción de espacios seguros para mujeres y diversidades en situación de violencia tuvo un impacto tanto cuantitativo y cualitativo: nuestro trabajo permitió salvar vidas a diario y que las personas puedan proyectar un futuro sin violencia. Nuestro rol fue el de apoyar y acompañar esos procesos, imaginando un mundo mejor”.
El desmantelamiento comenzó el mismo 10 de diciembre con el cambio de gestión. Como primera medida, se decidió la degradación del área a Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, dependiente primero del mega Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, para luego pasar a la órbita de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia (al cual le quitaron los “Derechos Humanos” de su nombre). El proceso de des-institucionalización se conjuga con el de re-patriarcalización, en el marco de un proyecto deshumanizante. Nada nuevo bajo el sol: achique del Estado, recorte de políticas y despidos de trabajadores.
Actualmente sólo quedan alrededor de 600 trabajadores, de 1200 que había hace seis meses. Sólo 17 personas tienen garantizado el derecho a estabilidad de acuerdo a la ley de empleo público. El resto de contrataciones varía en distintos grados de precariedad.
Nuestro trabajo permitió salvar vidas y que las personas puedan proyectar su futuro. Nuestro rol fue apoyar y acompañar".
Amaya Molisano
Con renovación cada tres meses, aumentaron los niveles de incertidumbre tanto de les trabajadores como de las mujeres y diversidades que necesitan de la mano del Estado. “Los despidos impactan negativamente en el acompañamiento a situaciones de violencia”, explica Tamara Lenhart, ex trabajadora del PAD en Chubut, ya que implican la paralización de las políticas públicas y la ausencia de equipos especializados en las localidades más olvidadas de nuestra patria. “Esta situación es un retroceso y aumenta la feminización de la pobreza, porque la mayoría de los casos que acompañamos sufrían violencia económica”, sentenció.
Además, el presupuesto destinado a las políticas de género está congelado, como consecuencia de la prórroga del presupuesto 2023, en un contexto de inflación interanual por encima del 280%. La caída en términos reales es del 74% de acuerdo al informe presentado por las trabajadoras ante la Comisión de Mujeres y Géneros de la Cámara de Diputados de la Nación.
Asimismo, alertaron sobre programas fundamentales cuya ejecución presupuestaria luego de seis meses de gestión es nula: tal es el caso de la Ayuda Urgente para Familiares de Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Travesticidios; la Ayuda Urgente para Travestis, Transexuales y Transgénero en situación de vulnerabilidad; el programa Generar destinado a favocerer las áreas de género locales; y los programas Articular y Escuelas Populares de Formación en Género destinados a fortalecer la organización comunitaria en la materia. El programa Acompañar destinado a promover la independencia económica de quienes sufren violencia de género se encuentra paralizado, sin generar nuevas altas a pesar de las miles de solicitudes pendientes.
Los despidos impactan negativamente en el acompañamiento a situaciones de violencia"
Tamara Lenhart
Carolina Vizcay, trabajadora y delegada sindical, cuenta que en la semana donde los feminismos se movilizaron por el Ni Una Menos, la nueva gestión informó la reducción del 80% de les trabajadores, para luego publicar en redes sociales la disolución definitiva de lo que quedaba área. “Esta situación nos puso en estado de alerta y asamblea permanente. Hay muchísima incertidumbre por programas como la Línea 144 o los equipos interdisciplinarios que abordan de manera integral y en territorio las violencias de género. Con este desguace, no se podrá atender de la misma forma porque no habrá trabajadoras”.
Desde que asumió Javier Milei, y con más fuerzas de cara al próximo 30 de junio, les trabajadores en alianza con organizaciones feministas exigimos respuestas a un gobierno insensible. El Ministerio nació del calor de nuestras luchas en las calles y no son ellos, ni los primeros ni los últimos, los que se oponen a que esta marea siga creciendo.
Con este desguace, no se podrá atender de la misma manera en la Línea 144 porque no habrá trabajadoras del otro lado"
Carolina Vizcay
En la última semana, la Comisión de Mujeres y Géneros de la Cámara de Diputados/as recibió a les trabajadores para construir desde allí una trinchera al avance del desmantelamiento. Además, la plaza de los dos Congresos y las sedes de los distintos ministerios fueron el punto de encuentro de asambleas abiertas y acciones de visibilización de la situación.
Se han logrado avances transformadores en materia de género y diversidad. En este escenario hay varias tareas por delante: defender y sostener lo conquistado, visibilizar el impacto del desmantelamiento en la vida cotidiana de mujeres y diversidades, consolidar herramientas de acompañamiento a nivel comunitario y militante, y organizarnos para volver a construir un Estado presente y garante de nuestros derechos con la institucionalidad necesaria.
Ante la política de crueldad, la entrega de nuestra soberanía y la pérdida de derechos, las organizaciones y colectivos seguiremos construyendo desde un feminismo popular, que pone como prioridad la empatía y la solidaridad, visibilizando a las más desiguales. Con o sin ministerio, ese es nuestro compromiso y lucha diariamente.
1. La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) (ratificada en 1985) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (ratificada en 1996), forman parte del plexo normativo constitucional y son ley suprema en nuestro país.
