Si bien es cierto que el segmento de la niñez y la adolescencia es el que viene padeciendo los peores indicadores sociales hace años, constituyendo un problema estructural, esta situación se agrava en la actualidad frente a la agudización de una política económica agresiva contra los ingresos de los que menos tienen y un Estado desertor de sus responsabilidades elementales de asistencia básica a las y los más vulnerables.
Frente a esta dramática situación, es fundamental no abandonar el reclamo y la exigencia por la intervención estatal, no naturalizar discursos ruinosos, destructivos y avasallantes de los derechos más básicos, que además intentan instalar una lógica deshumanizante del sentido de vivir en sociedad.
Argentina supo distinguirse por alcanzar altos índices de desarrollo humano vinculados al despliegue de un robusto sistema de protección de social asociado a la expansión del trabajo registrado y la presencia del Estado. Promover una política económica que provoca deliberadamente recesión, la parálisis de nuestras capacidades productivas y por lo tanto, el crecimiento del desempleo, mientras se ostenta la destrucción del Estado, sólo puede desembocar en una tragedia social, cuyas primeras y principales víctimas son nuestros pibes y pibas, dejándolos sin presente y ningún futuro.
El rol activo del Estado y las políticas públicas es urgente y crucial. Se vuelve cada vez más evidente que la solución a los problemas que ya teníamos como sociedad no se están resolviendo a instancias de un ajuste salvaje y de un modelo que prioriza números de Excel y no centra su atención en las necesidades de los seres humanos de carne y hueso que habitan nuestro país.
Seguir subjecutando partidas presupuestarias, retener alimentos, desarticular o discontinuar programas sociales junto a la paralización de la economía y la destrucción de la capacidad adquisitiva de los ingresos de grandes mayorías, definitivamente no es el camino para superar ninguno de los problemas que tenemos. Menos aún para atenuar el sufrimiento o promover el bienestar de los más vulnerables.
Resignarnos como sociedad a la naturalización de la pobreza, la miseria, la desigualdad, la ausencia del Estado, la pérdida de derechos y la entrega de todos nuestros recursos naturales estratégicos, dejándonos sin opciones de desarrollo soberano como se pretende institucionalizar con la sanción de la Ley Bases, es la peor opción. Hay otros caminos posibles. Abordar una discusión seria con el compromiso de todos los actores sociales sin sesgos dogmáticos es lo que requiere la dramática situación que vive nuestro pueblo.
Frenar la caída social y evitar el hambre de nuestros pibes y pibas es un imperativo y una prioridad ya!
*Militante de La Cámpora y ex Secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
